viernes, 25 de octubre de 2024
Por las palabras de García Ferrer 10/01/2013junio 13th, 2017

Con fecha 9 de enero, la Plataforma en Defensa de la Ley de la Dependencia en Castilla-La Mancha ha presentado ante el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, una denuncia por las «gravísimas manifestaciones no demostradas» realizadas por el director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes del Ejecutivo autonómico, Juan José García Ferrer, quien llegó a señalar que se estaban otorgando ayudas a la Dependencia a un millar de personas que realmente estaban fallecidas y que incluso el sistema incorporó a este listado de beneficiarios a más de 1.200 personas con DNI falsos o erróneos.

En dicho escrito remitido por la plataforma se insta al fiscal general del Estado a llevar a cabo las actuaciones oportunas para la averiguación de los posibles delitos cometidos o bien que practique las diligencias que estime si considera que las manifestaciones realizadas pudieran constituir un delito de injurias contra los dependientes de Castilla-La Mancha.


En la denuncia en la que se acompaña como prueba la propia página web de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha en la que se produjeron tales acusaciones, la plataforma solicita el amparo de Torres Dulce para que inste a los responsables autonómicos a «perseguir y castigar» los casos que denuncian, de hecho «nos pusimos a su disposición para actuar contra los autores y responsables de los mismos». «Sin embargo, no hemos tenido noticia de que desde la Junta se esté actuando ni tampoco se haya dado traslado a las autoridades judiciales a pesar del deber que los funcionarios públicos tienen de denunciar los hechos delictivos que conozcan». 

Desde la plataforma entienden que de no producirse investigación alguna sobre los hechos denunciados «por parte de los que ostentan la obligación de hacerlo en la comunidad -García Ferrer como autor material de las manifestaciones; Echániz como consejero de Sanidad; y Cospedal como presidenta de Castilla-La Mancha- las manifestaciones referidas pudieran atentar contra el derecho al honor de los beneficairios de la Ley de Dependencia en nuestra comunidad». 

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