Ante las manifestaciones del consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, incidiendo en el presunto fraude cometido por miles de dependientes a nivel nacional, 1.000 en la región, la Plataforma Ley de Dependencia de Castilla-La Mancha ha anunciado que dará traslado de las mismas al Fiscal General del Estado como ampliación de la denuncia que el pasado 11 de enero tuvo entrada en dicha Fiscalía en relación a los mismos hechos y en la que se denunciaba al director general de Mayores, Personas con Discapacidad y Dependientes, Juan José García Ferrer, y por extensión a la presidenta María Dolores de Cospedal.
A principios de enero, este colectivo presentaba ante Eduardo Torres Dulce una denuncia por las «gravísimas manifestaciones no demostradas» realizadas por García Ferrer, quien llegó a señalar que en la comunidad se estaban otorgando ayudas a la Dependencia a un millar de personas que realmente estaban fallecidas y que incluso el sistema incorporó a este listado de beneficiarios a más de 1.200 personas con DNI falsos y erróneos.
La plataforma, tras las palabras de Echániz, amplía la denuncia pues «parece que el consejero cree tener patente de corso para difamar y no mostrar las pruebas que demuestren acusaciones de tal gravedad e indignidad. Quizás habría que preguntarle si no es una maniobra para ocultar que a fecha de hoy el Imserso no haya hecho públicos los datos de Dependencia del mes de diciembre del pasado año».
Añade que «el olvidadizo Echániz hace referencia a un informe del Tribunal de Cuentas que aún no es definitivo y que por otra parte es de mayo de 2011, informe en el que curiosamente las comunidades autónomas en las que parece que había más irregularidades eran Castilla y Leon -ejecutivo del que proviene el director general del Imserso- y Galicia».
El colectivo expone que si las «presuntas irregularidades» en el cobro de prestaciones por dependientes fallecidos tienen como «base documental» un informe de mayo de 2011 «nos preguntamos en que ha utilizado su tiempo de trabajo durante más de 20 meses como responsable de la Consejeria; por qué ha despilfarrado 14 millones de euros durante todo este tiempo pagando fallecidos; y por qué no ha sacado a la luz los casos concretos de fraude y los ha llevado ante los tribunales».
La nota de la plataforma concluye señalando que «en cualquiera de los casos y obviando la incompetencia ya demostrada en su gestión, Echániz, junto con García Ferrer y Cospedal deberán dar cuenta ante Torres Dulce, Fiscal General del Estado».