La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-la Mancha ha presentado 42 alegaciones al proyecto de decreto por el que se establece el catálogo de servicios y prestaciones económicas del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la región, tras la anulación de la orden.
En un comunicado, la plataforma -que ha defendido su carácter representativo del colectivo al contar con 4.200 miembros- ha considerado que el proyecto de decreto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 17 de abril, es «inadmisible e incompatible con la dignidad, cuidados y atención que requieren y merecen todas las personas en situación de dependencia».
En sus alegaciones, la plataforma argumenta que «varios de los artículos» de este proyecto de derecho son «contrarios a derecho», por lo que ha alertado de que esta organización iniciará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en caso de que el Gobierno regional «persista en el mantenimiento de los mismos».
Además del contenido, la plataforma ha criticado el momento de su tramitación, pues a su juicio «no parece de sentido común publicar un decretazo de tal calado e importancia a escasas fechas de unas elecciones autonómicas» y ha calculado que, «en el mejor de los casos» esta normativa, «no podría salir a la luz hasta dos o tres días antes del 24 de mayo», día de las elecciones autonómicas y locales.
La plataforma también ha recordado que, a primeros de abril, el TSJCM anuló la Orden de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales de 2013 que regula el catálogo de servicios y prestaciones económicas de la dependencia y ha denunciado que este proyecto de decreto «copia el mismo articulado que la orden anulada», una forma de proceder que a su juicio es «un acto trilero».
Por todo ello, la plataforma ha pedido a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, y al consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, que por «dignidad y decencia política» dejen sin efecto la publicación de este proyecto de decreto y «se sometan al juicio de las urnas para saber si tienen o no legitimidad para sacar adelante esta normativa en dependencia».