La Plataforma Contra la Privatización del Agua de Alcázar seguirá organizando actos para intentar que la gestión del servicio de abastecimiento continúe siendo pública, en vez de mixta, como se aprobó en un Pleno extraordinario con el voto de calidad del alcalde, Diego Ortega.
Así lo ha acordado la plataforma en asamblea, en la que han participado unas 120 personas y donde se ha mantenido la necesidad de convocar un referéndum.
Entre las medidas adoptadas por la asamblea, destaca la instalación de una mesa informativa permanente en la Plaza de España, donde los ciudadanos podrán consultar sus dudas e informarse sobre este asunto diariamente, desde las 8:00 hasta las 20:00 horas, según ha informado a Efe el portavoz de la plataforma, Juan Garrido.
Además, mantendrán la concentración y posterior manifestación que vienen celebrando desde hace algo más de un mes todos los viernes en defensa del agua pública, mientras que varias decenas de miembros de la plataforma continuarán asistiendo a los plenos que se convoquen para demandar la consulta ciudadana sobre la privatización del agua.
Otra de las medidas de protesta contempladas en el calendario de movilizaciones es una concentración simultánea con otras ciudades en las que también existe un movimiento reivindicativo y que previsiblemente podría celebrarse el fin de semana posterior a los carnavales.
El envío de misivas a los concejales de equipo de Gobierno, formado por el Partido Popular y Ciudadanos por Alcázar (CxA), para trasladarles sus impresiones sobre los perjuicios que acarrearía la privatización, así como la solicitud de una reunión con el alcalde de la localidad, para intentar que convoque una consulta popular, son otras de las acciones que se llevarán a cabo.
Si el Ayuntamiento se negara a convocar el referéndum, la plataforma estaría dispuesta a llevarlo a cabo antes del mes de abril, fecha en que empezaría a funcionar la nueva empresa mixta, compuesta por el Ayuntamiento y Aqualia.
En este punto, el portavoz de la plataforma ha señalado que las denuncias sobre la «ilegalidad» de la adjudicación del servicio que se concedió a Aqualia con el voto de calidad del alcalde y la elección de la misma por parte de la mesa de contratación podrían «paralizar el proceso y ganar algo de tiempo».
Garrido ha citado la Ley de Bases de Régimen Local, que en su artículo 47.2 recoge que «se requiere el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de las corporaciones para la adopción de acuerdos, entre otras materias: en la concesión de bienes o servicios por más de cinco años, siempre que su cuantía exceda del 20 por 100 de los recursos ordinarios del presupuesto».
Los miembros de la plataforma han expresado su intención de seguir trabajando por conseguir su objetivo, máxime cuando cada vez se sienten más apoyados por los ciudadanos, mientras que » el equipo de Gobierno se está quedando solo y acusando el desgaste y las consecuencias de tomar decisiones sin contar con los vecinos», ha concluido Garrido.