La pobreza en Castilla-La Mancha afecta a casi el 30 por ciento de la población, lo que supone cuatro puntos por encima de la media nacional, y la desigualdad social ha crecido según se ha puesto de manifiesto hoy en Toledo durante una jornada que analiza las estrategias de lucha contra la pobreza.
Al encuentro han asistido el secretario general de Asuntos Sociales y Voluntariado, José María Dívar, y los presidentes nacional y autonómico de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Carlos Susías y Braulio Calés, respectivamente.
Susías ha explicado que según el indicador de riesgo de pobreza Arope, que es el utilizado en todos los países de la Unión Europea, la pobreza en Castilla-La Mancha está entre el 29 y el 30 por ciento de la población, frente al 25-26 por ciento de media nacional, y es algo más elevada en niños.
Lo que ha considerado «muy preocupante» es que la desigualdad en la comunidad autónoma «ha empeorado algo», aunque este indicador se mantiene entre los tres mejores de España.
Carlos Susías ha explicado que tradicionalmente Castilla-La Mancha ha dado unos índices de pobreza altos, pero ha advertido de que en este momento la pobreza «es más intensa y más extensa».
La jornada de este mañana se presenta, en este sentido, como un espacio para «repensar» hacia donde debe dirigirse el «esfuerzo» de las administraciones y las organizaciones de lucha contra el pobreza para llegar a quien lo necesita.
Susías ha dicho que la comunidad autónoma es la responsable de las políticas sociales, pero también ha subrayado que debe haber políticas del Gobierno central y de la Unión Europea y, en este sentido, ha señalado que las organizaciones están pidiendo una directiva europea sobre rentas mínimas que complemente los «esfuerzos» que están haciendo las comunidades autónomas.
Ha dicho que Castilla-La Mancha ha sido la primera comunidad autónomas en llamar a las entidades sociales para abrir una mesa de diálogo y ver cómo utilizar el fondo social europeo y dirigirlo a los sectores más necesitados, en particular las familias que peor lo están pasando.
Asimismo, ha destacado que el plan de pago a proveedores ha permitido a las entidades sociales saldar sus deudas, que tenían desde el año 2010, y «ahora nos toca coger impulso» y reflexionar sobre otras actuaciones.
Por su parte, José María Dívar ha hablado de la solidez del sector social que trabaja en la lucha contra la pobreza en Castilla-La Mancha y ha admitido que la situación de pobreza en la comunidad autónoma «no es la mejor» aunque las soluciones al problema sobrepasan, en ocasiones, las herramientas que puede tener la Junta.
El secretario general de Asuntos Sociales y Voluntariado ha resaltado que Castilla-La Mancha ha priorizado en sus políticas la defensa de «los más vulnerables» y como ejemplo ha citado que la Consejería pidió 3 millones de euros de los primeros ahorros generados en el Plan de Garantía de los Servicios Sociales Básicos para aumentar el presupuesto de las ayudas a la solidaridad.
Estas ayudas pasaron de 3,5 a 6,5 millones de euros y este año se han situado en los 7,5 millones, según ha indicado Dívar, quien ha explicado que Castilla-La Mancha ha reorientado las políticas de ayuda social y contra la exclusión «mirando hacia Europa» y tratará de buscar mayor financiación europea en los fondos regionales y en proyectos concretos.
«La lucha contra la pobreza no entiende ni de política partidista ni de ideologías», ha indicado Dívar.
PIDEN AL GOBIERNO CENTRAL UNA GARANTÍA DE RENTAS MÍNIMAS CONTRA LA POBREZA
La Plataforma del Tercer Sector ha pedido al Gobierno una garantía de rentas mínimas que complemente el trabajo y «esfuerzo» que están haciendo las comunidades autónomas en la lucha contra la pobreza.
A preguntas de los periodistas en Toledo, el presidente nacional de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, Carlos Susías, ha dicho que esta petición la ha planteado por escrito la Plataforma, que engloba a todos los colectivos del tercer sector.
Susías ha explicado que España puede estar avanzando en la mejora de los datos macroeconómicos, pero «a nivel micro» muchos ciudadanos siguen estando «mal» y los «colchones» familiares se están agotando.
«Es necesaria una inyección de apoyo, de salvamento digámoslo así, hacia las familias», ha apuntado.
Y en este sentido va la petición de una garantía de retas mínimas en el ámbito nacional que complemente el trabajo de las comunidades autónomas, y la petición de impulso hacia la economía social, que no se deslocaliza, ayuda al desarrollo de los sectores más vulnerables e implica mayor empleo femenino.