El PSOE ha afirmado hoy que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) que anula el cierre en 2012 de la escuela rural de Puente de Vadillos (Cuenca) es «un nuevo varapalo judicial» a la presidenta regional, María Dolores de Cospedal.
La portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, se ha pronunciado así tras conocer la sentencia del TSJCM que declara nulo el cierre de esta unidad escolar después de que la Junta no haya podido justificar su argumento de que la escuela no alcanzaría para el siguiente curso el mínimo de once alumnos.
Fernández ha apuntado que la escuela es «una de las 68 que Cospedal ha cerrado a lo largo de la legislatura, en contra del criterio de la comunidad educativa, de los padres y madres y de los propios consistorios».
Ha afirmado que estos cierres se suman a los que intentó el Gobierno regional con las urgencias nocturnas de varios municipios, «aunque en este caso siguen abiertas por decisión de los tribunales a instancias de los alcaldes socialistas y el apoyo de sus vecinos», ha resaltado.
La portavoz socialista ha dicho que la escuela de Puente de Vadillos contaba con la mitad de escolares, mientras que el Gobierno regional «dejó abiertas otras con la mitad de escolares», lo que ha achacado al «claro sectarismo político».
«La diferencia a la hora de decidir la clausura o no de determinadas escuelas rurales se tomó en base a si en el municipio gobernaba el Partido Popular o el PSOE», ha afirmado.
Con todo ello, ha recordado que el PSOE se opuso al cierre de esas 68 escuelas rurales y ha dicho que, «tras el varapalo judicial a Cospedal, habrá que determinar qué daños y perjuicios ha ocasionado esa decisión para reclamar lo que proceda».
Por otra parte, la diputada del PSOE ha advertido sobre la «cacicada» que, según ha dicho, está preparando el Ejecutivo castellanomanchego de buscar la fórmula para «trampear» la sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulo el despido de más de 400 interinos de la Junta, según «informaciones que manejan los sindicatos».
«Ahora, la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales pretende eliminar de un plumazo 184 plazas de empleados de servicios sociales, 86 de ellas correspondientes precisamente a los interinos que la justicia obligó a readmitir», ha denunciado.
A juicio de Fernández, «lo más sangrante es que estos despidos corresponden a trabajadores de los servicios sociales encargados de temas sensibles y tan importantes como la tutela de menores», que en el caso de la provincia de Ciudad Real afectará a municipios como Almadén, Almagro, Puertollano o La Solana.
Además, Fernández ha manifestado que «el mensaje de la recuperación y del fin de los recortes que esgrime el Partido Popular es sólo propaganda electoral barata que no se corresponde con la realidad», algo en lo que, a su juicio, insistirán los populares por «la cercanía del periodo electoral».