martes, 26 de noviembre de 2024
consideran que es una tomadura de pelo 27/12/2012junio 13th, 2017

La Subdelegación del Gobierno en Toledo ha propuesto una rebaja de 300 euros en la cuantía de las multas impuestas a vecinos de Talavera, que eran de entre 500 y 800 euros, por participar en concentraciones y otros actos de protesta, según han dado a conocer los afectados.

En concreto, lo ha hecho en rueda de prensa Sonsoles Arnau, secretaria de organización de IU Talavera, que ha sido sancionada durante una concentración contra los recortes en materia de igualdad y mujer y ha recibido una carta de contestación a la alegación que presentó en contra de la sanción económica.


Arnao ha calificado la notificación de «una tomadura de pelo», porque la alegación era para que se anulase la multa.

En declaraciones a Efe, ha apuntado que en su caso concreto y el de al menos otras dos personas que conoce, se les ofrece rebajar en 300 euros la cuantía de la multa impuesta, que para ella fue de 600 euros y para un miembro de una Ampa de 800 euros, y ha aclarado que no se conforman con esto y se plantean el seguir recurriendo.

«Nos acusan de ser promotores y responsables de las concentraciones y eso no es cierto», ha afirmado Arnao, que ha mostrado su disconformidad y descontento con una respuesta que «no tiene en cuenta los motivos que argumentamos en las alegaciones».

Ha recordado que más de una docena de personas, entre las que hay representantes de Ampas, profesores o sindicalistas, han sido multados con cuantías variables, en función de si se les ha considerado promotores de concentraciones no autorizadas, y todos han pedido en sus alegaciones el archivo de las sanciones económicas y han aportado, además, firmas ciudadanas de apoyo.

Arnao ha recordado, además, que hay cinco personas a la espera de juicio, mientras que el representante del sindicato de estudiantes ha sido ya juzgado y se le ha acusado de desobediencia a la autoridad, lo que supone «un hostigamiento que coarta los derechos sociales», ha afirmado.

El subdelegado del Gobierno en Toledo, José Julián Gregorio, confirmó en su día a los medios de comunicación de Talavera que los servicios jurídicos estaban revisando cada una de las alegaciones presentadas e insistió en que no eran multas que él imponía.

También dejó claro que se trataban de sanciones administrativas sin carácter político o ideológico, pues eran actas que levantaba la Policía Nacional por una infracción y «no tienen ningún misterio».

El subdelegado añadió que en Talavera el número de sanciones era escaso, «una nimiedad comparado con otros sitios», pues en ciudades como Cuenca había alrededor de medio centenar y en Toledo casi setenta, por lo que dijo no comprender la repercusión que se estaba dando en la ciudad a este asunto.

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