El número de asuntos en trámite en los juzgados y tribunales castellanomanchegos en 2014 ascendía a 123.776 y la tasa de litigios se situó en 149 por cada 1.000 habitantes, por debajo de los 185 de media nacional según el informe «La Justicia dato a dato» del Consejo General del Poder Judicial. El número de asuntos ingresados en los juzgados y tribunales el año pasado fue de 309.881 pero se resolvió una cifra superior (313.623), de modo que se redujo el volumen de asuntos pendientes.
Andalucía (218,2), Madrid (203,8) y las Islas Baleares (198,5) han sido las comunidades autónomas con mayor tasa de litigios, mientras que en el otro extremo se han situado Extremadura (143,2), País Vasco (127) y La Rioja (117,4).
El Consejo General del Poder Judicial ha informado también de que la duración media de los procedimientos se redujo tanto en primera y segunda instancia como en el Tribunal Supremo y que la cifra de quejas y reclamaciones presentadas por los usuarios de la Administración de Justicia bajó un 16 por 100.
Cada juez o magistrado recibió de media 1.702,7 nuevos asuntos durante 2014, frente a los 1.699,3 del año anterior, en tanto el número de sentencias dictadas por cada juez o magistrado bajó de 309,2 a 306,7.
Por otra parte, durante 2014 se produjo un récord en cuestiones prejudiciales planteadas ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tribunal de Luxemburgo competente para vigilar que las legislaciones de cada país de la Unión respetan la normativa común a todos sus miembros.
Así, los órganos judiciales españoles plantearon en 2014 un total de 41 cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La cifra supera en mucho las 26 registradas en 2013, las 16 de 2012, las 27 de 2011 y las 22 de 2010.
De esas 41 cuestiones prejudiciales, 17 estaban referidas a la protección de los consumidores; nueve a política social; cinco al espacio de libertad, seguridad y justicia; tres a ayudas del Estado; dos a asuntos de propiedad intelectual e industrial; dos a aproximación de las legislaciones; una a la libertad de establecimiento; otra a los mercados públicos y la última a la ciudadanía de la Unión.
Los órganos judiciales de los Estados miembros de la Unión Europea pueden plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE cuando se suscitan dudas sobre la interpretación de una norma europea, como responsables de garantizar que el Derecho de la UE se aplique correctamente en su país.
Además, han disminuido las quejas y reclamaciones de los usuarios de la Administración de Justicia.
El número de quejas, reclamaciones, denuncias, sugerencias y peticiones de información registradas en 2014 por escrito ante la Unidad de Atención Ciudadana del CGPJ, otros órganos de gobierno o el Servicio de Inspección fue de 12.837, lo que supone un 16,16 por 100 menos que en 2013, cuando se recibieron 14.435.