La directora general de Organización, Calidad Educativa y Formación Profesional, Isabel Couso, ha destacado el funcionamiento de la Unidad de Atención al Profesorado que, desde su puesta en marcha en junio de 2013, ha atendido 170 casos de conflicto escolar.
Couso, en un comunicado del Gobierno regional, ha hecho un balance «extraordinariamente positivo» de este servicio que, ha dicho, es «imprescindible» para atender y asesorar a los docentes castellano-manchegos que soliciten sus servicios al verse afectados por situaciones de conflicto escolar.
La Unidad de Atención al Profesorado (UAP) se puso en funcionamiento a raíz de la aprobación de la Ley de Autoridad del Profesorado y el decreto que la desarrolla.
Su objetivo es reforzar los dos pilares necesarios para que se pueda impartir educación con las máximas garantías, que son «un clima de convivencia positivo en el centro educativo y un profesorado respetado y reconocido socialmente, que goce por tanto de la necesaria autoridad para garantizar los objetivos finales de la educación en las instituciones escolares», ha señalado Couso.
La Ley de Autoridad del Profesorado en Castilla-La Mancha, aprobada por las Cortes regionales en marzo de 2012, incluye medidas de apoyo al profesorado, con actuaciones encaminadas a su protección y reconocimiento, y destaca entre ellas la creación de la Unidad de Atención al Profesorado.
Tiene las funciones de atender, proteger, asesorar y apoyar al docente en todos los conflictos surgidos en el aula o centro educativo, así como en las actividades complementarias y extraescolares.
Desde su puesta en marcha en junio de 2013, la UAP ha atendido 170 casos, ya sea a través de una llamada desde los propios centros educativos o a través del 112.
Según el tipo de incidente y casuística del problema, se activa el protocolo operativo suscrito entre la Dirección General de Organización con la Dirección General de Protección Ciudadana para la atención de Urgencias a través del centro 112.
En base a ello, se personan en el centro los cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional o Guardia Civil) o, dependiendo de la naturaleza del conflicto, otros servicios como bomberos o, en su caso, atención médica.
De los 170 casos atendidos, en 38 de ellos se ha personado la Guardia Civil o la Policía Nacional, en 24 se ha necesitado defensa jurídica, en 35 consulta jurídica, 142 han precisado de asesoramiento o información, mientras que 8 se han resuelto por mediación.
Couso ha destacado la «importancia de la labor de mediación, por medio de la cual las partes procuran un acuerdo voluntario para solucionar un conflicto sin necesidad de llegar a la justicia ordinaria».
También ha resaltado que «tanto los centros educativos como los profesores valoran la labor de escucha e interés que tiene la UAP para resolver un conflicto», motivo que les anima «a seguir trabajando en aras de garantizar un clima de convivencia proclive para mejorar el sistema educativo de la región».