Las asociaciones de personas mayores piden al Gobierno regional agilidad en la tramitación de la Ley de Dependencia, recuperar las plazas concertadas en residencias y viviendas tuteladas que se han perdido en los últimos años y retomar los programas de turismo y termalismo social.
Participantes en el Consejo Regional de Mayores.
Así lo han expuesto hoy en la primera reunión desde 2011 del Consejo Regional de Mayores, en el que ha participado la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, y que ha coincidido con el Día Internacional de las Personas Mayores.
La presidenta de la Federación de jubilados y pensionistas alcarreños y vocal del Consejo, Carmen Hombrados, ha explicado a los periodistas que piden a la Junta «reactivar urgentemente» la Ley de Dependencia y agilizar las resoluciones.
Por su parte, la consejera ha señalado que uno de los objetivos prioritarios de su departamento es la atención a los mayores en todos los ámbitos, desde los programas de envejecimiento activo que se van a reiniciar hasta las prestaciones de la Ley de la Dependencia.
En Castilla-La Mancha hay más de 300.000 personas mayores de 65 años, según la consejera quien ha dicho que interesa, en particular, mantener la salud y la calidad de vida de estas personas.
«EL DESASTRE DE CUATRO AÑOS NO SE SOLUCIONA EN DOS MESES»
Por otro lado, la consejera de Bienestar Social ha respondido hoy a las críticas del PP sobre que la Junta está paralizando las ayudas a la Ley de Dependencia afirmando que «el desastre de cuatro años no lo podemos solucionar en dos meses, pero vamos a intentar enmendarlo en cuatro».
Sánchez ha respondido a preguntas de los periodistas sobre las críticas que ha realizado el Partido Popular, que ha acusado a la Junta de incumplir la Ley de Dependencia.
«El desastre de cuatro años no lo podemos solucionar en dos meses, está claro. Pero vamos a intentar enmendarlo en cuatro meses», ha resumido.
Su departamento trabaja en tres objetivos prioritarios inminentes: dar seguridad jurídica a todos los dependientes, agilizar los trámites y conseguir más recursos humanos para el servicio de atención a la dependencia.
Con estas premisas, la consejera se ha mostrado confiada en «superar las cifras nefastas» de los últimos años en la mayor brevedad de tiempo.
Aurelia Sánchez ha recalcado que la Ley de Dependencia es «una de nuestras mayores preocupaciones» y ha dicho que la Consejería está gestionando más de 26.000 expedientes atrasados que hay que resolver.