Las Cortes regionales han aprobado hoy una Proposición no de Ley (PNL) para reclamar al Gobierno central los 353 millones de euros que dejó de abonar entre 2012 y 2016 del sistema de la dependencia, que es «una inversión social y económica» según ha dicho la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.
El pleno de las Cortes regionales ha aprobado, con el apoyo del PSOE y Podemos y la abstención del PP, esta PNL presentada por el grupo socialista que insta al Ejecutivo central a garantizar a partes iguales con la comunidad la financiación del sistema conforme a la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
También reclama un pacto de Estado por la dependencia en el Congreso de los Diputados y, asimismo, las Cortes se adhieren al texto del Consejo de Gobierno que solicita al Senado la convocatoria de la Comisión General de las comunidades autónomas para tratar la deuda histórica del Gobierno a las regiones con la dependencia.
En su intervención, la consejera de Bienestar Social ha subrayado la necesidad de recuperar la financiación al «nivel acordado», que se suprimió en 2012, en base al cual la estimación es que Castilla-La Mancha ha dejado de percibir en cinco años unos 353 millones de euros.
Para Aurelia Sánchez, el sistema de la dependencia es una «inversión social y económica» y también un «motor para la recuperación» de Castilla-La Mancha, y ha resaltado que es, además, un «reto estratégico» y forma parte de un sector de alta generación de empleo y retornos fiscales.
Ha hecho un recorrido por la historia de la aplicación de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha en los diez años transcurridos desde su entrada en vigor y ha señalado que el sistema «ha sido una muy buena idea», que ha alcanzado, pese a «incertidumbres», un tamaño considerable en un periodo corto, aunque aún alejado de otros países del centro y norte de Europa.
Sánchez ha dicho que Castilla-La Mancha, junto a Andalucía, Comunidad Valenciana, Madrid y Murcia, han forzado al Gobierno de España a poner en marcha en un mes una comisión de expertos para alumbrar un nuevo mecanismo financiero que elabore un nuevo sistema de financiación autonómica para que esté vigente en los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades para el ejercicio 2018.
En Castilla-La Mancha, más de 62.000 personas tienen otorgado algún servicio del sistema de la dependencia, según datos aportados por el diputado socialista José Luis Escudero, quien en la defensa de la PNL ha señalado que reclamar la deuda histórica al Gobierno central es una cuestión de «justicia, dignidad e igualdad».
PODEMOS: «LA ÚLTIMA VEZ SIN CONSULTAR AL SECTOR»
Por su parte, el diputado de Podemos José García Molina ha anunciado que la de hoy es «la última vez» que su grupo parlamentario apoya una resolución realizada sin contar con el sector y que es «insuficiente».
García Molina ha dicho no entender que el PSOE presente una PNL sobre la dependencia sin contactar con la Plataforma en defensa de la Dependencia, con quienes Podemos sí ha contactado; ha tildado al PSOE de «timorato» por presentar propuestas «insuficientes» y ha agregado que los dos parlamentarios de Podemos «siempre» se ven obligados a elegir «entre susto y muerte» en la Cámara regional.
PP: «CIFRAS DE LA VERGÜENZA»
Asimismo, la diputada del PP Ana Guarinos ha aludido a las «cifras de la vergüenza» que, a su juicio, ha alcanzado la Junta en este año y medio de legislatura, como las 23.210 personas con derecho a ser atendidas cuyos expedientes están paralizados, los más de 4.000 expedientes que hay sin valorar y las 3.346 familias que ya no tienen prestación económica por cuidar a un familiar dependiente.
Guarinos también ha señalado a Podemos que no tienen credibilidad por su apoyo al Gobierno socialista y ha citado la «mala relación» que mantiene el Ejecutivo regional con la Plataforma en Defensa de la Dependencia de Castilla-La Mancha.