Los vecinos de la Comunidad de Propietarios «Residencial Quijote» de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) han cursado en el último mes más de 10 partes de denuncias, incidencias y avisos a la Policía local y Servicios Sociales del Ayuntamiento de la localidad para que «terminen con el incumplimiento de las normas de convivencia interna de la Comunidad y el propio reglamento de adjudicación de CaixaBank, firmado con 40 de sus inquilinos en este residencial de la localidad manchega».
Aquí se ve a una vecina haciendo sus necesidades en una zona común.
Francisco Somozo, vocal de la Comunidad de Propietarios «Residencial Quijote«, apunta en primer lugar que «no tenemos nada en contra de ninguna persona por su condición de raza, religión o nacionalidad, pero queremos que, a quien corresponda, que pensamos que es La Caixa, nos devuelvan nuestros derechos vulnerados; nosotros también tenemos derecho a una vivienda digna, a unas zonas comunes dignas, y a una convivencia digna entre vecinos».
Este es el testimonio de uno de los miembros de las más de 40 familias afectadas de dicho residencial. «Provocado por las nuevas directrices de La Caixa, que como propietaria de algo más de 40 pisos de esta Comunidad, y habiendo procedido en octubre del año 2013 a incluir en su programa de alquiler solidario las viviendas, empezó a alquilar a finales de ese año los pisos a personas en riesgo de exclusión social que incumplen sistemáticamente las mínimas normas de convivencia e incluso el reglamento de adjudicación de La Caixa», según informa Somozo.
«PASIVIDAD»
La Comunidad de Propietarios se reunió hace seis meses con responsables de La Caixa, «pero este acoso por parte de vecinos incívicos, más otros nuevos que está trayendo esta entidad financiera, no cesa», afirma Somozo. «La Caixa», añade, «es conocedora de todo lo que está ocurriendo, pero son sujetos pasivos de la vulnerabilidad de nuestros derechos».
El vocal de la comunidad matiza que en este último mes La Caixa ha alquilado otro piso, «de dos dormitorios, en los que ya viven más de 10 personas, además de animales de compañía y, a su vez, esta familia se ha traído a otras tres familias más, que directamente han ocupado con la patada en la puerta otros tres inmuebles de La Caixa en nuestra Comunidad».
«El deterioro de la convivencia y la vulneración de derechos de la mayoría de las familias que adquirieron estas viviendas, a un coste elevado porque el Residencial lo merecía», explica Francisco Somozo, se documenta en numerosas denuncias y partes a la Policía y otras instituciones con hechos como: «Utilizar las zonas públicas como urinarios; destrozo de ascensores y vallas; humedades en los inmuebles que afectan a terceros; ruidos nocturnos; tomas ilegales de agua y luz que están deteriorando las zonas comunes; robos en los garajes y suciedad; intimidación a nuestros niños, que no bajan ni a jugar a las zonas comunes por miedo; puesta en peligro de la vida de sus propios hijos, permitiéndoles subirse a la lona que tapa la piscina en invierno, con la consiguiente falta de responsabilidad incluso hacia la vida de los suyos propios…; y nadie, ni La Caixa toma medidas… un día nos vamos a arrepentir todos, cuando ya no tenga solución», es el duro testimonio de este vecino.
«SOLUCIONES»
Ante estos hechos, la Comunidad instaló cámaras en zonas comunes para proteger al resto de vecinos, y ahora la Comunidad de Propietarios del Residencial Quijote exige, ante estos hechos, «que nos están llevando a muchos vecinos al psicólogo, que La Caixa y las instituciones correspondientes tomen medidas y hagan respetar las normas de convivencia establecidas y los propios contratos de adjudicación de La Caixa, y cese por parte de la entidad bancaria esta especie de acoso hacia el resto de vecinos, porque es conocedora de que aquí llevamos sin vivir dignamente casi dos años».