Las seis organizaciones más representativas del sector cinegético en Castilla-La Mancha, la Federación de Caza, Aproca, Asaja, Atica Castilla La Mancha, Atica Guadalajara y la Federación regional de Galgos, han constituido en Ciudad Real la Mesa Regional en Defensa de la Caza.
El objetivo es conformar un grupo de trabajo activo que pueda estudiar la normativa de ámbito cinegético y medioambiental que se está desarrollando en la región, así como proponer medidas que puedan beneficiar a todo el colectivo cinegético y al medio rural.
En la foto, los representantes de la recién creada Mesa en Defensa de la Caza.
La Mesa ha aprovechado esta primera reunión de trabajo para valorar la modificación de la ley de caza, que actualmente se encuentra en fase de información pública y que en breve será estudiada desde el Consejo Regional de Caza.
Así, la Mesa considera que aún hay un largo proceso hasta la aprobación definitiva de la ley, dado que, además del trámite parlamentario, es necesario el debate de esta norma en el Consejo Regional de Caza, máximo órgano asesor en la región.
«Además de numerosas modificaciones puntuales que es necesario matizar en el texto legislativo», consideran hay «algunas líneas rojas que son insalvables, si el gobierno regional, tal y como ha declarado el propio Consejero, quiere establecer un consenso con el sector».
Para todas las organizaciones, pero especialmente para Asaja, el hecho de no permitir autorizaciones de permisos para control por daños en los Planes de Ordenación Cinegética, es una modificación muy grave y que atenta no sólo contra los intereses del sector cinegético, que es el responsable de los daños, sino que afectaría a miles de agricultores de la región, dado que los permisos excepcionales nunca llegarían a tiempo para paliar los daños.
Ello no sólo provocaría que se quedarán libres centenares de cotos que preferirían no cazar antes de asumir daños, sino que afectaría a los rendimientos de cultivos como los cereales y las viñas, por los daños de conejo y jabalí especialmente en provincias como Ciudad Real, Toledo y Albacete, o los girasoles por los cérvidos en Cuenca.
El resto de organizaciones enfatizan su rechazo a la ley argumentando que el concepto de caza social que la Consejería ha expuesto como uno de los grandes éxitos de este texto legislativo, se debe refrendar puntualizando en la ley cómo se hará esa apuesta por la caza social.
El hecho de recuperar esta figura no servirá de nada si, como hasta ahora, los cotos de carácter público son subastados al mejor postor sin presupuesto alguno de la Consejería para su desarrollo.
Y RECLAMAN MAYORES BONIFICACIONES FISCALES
Igualmente, estas organizaciones reclaman mayores bonificaciones fiscales que redunden en beneficio de esa caza social.
En esta misma línea, proponen que las Zonas de Caza Controlada tengan un desarrollo más flexible que el que propone la ley, dado que dependiendo del perfil de las sociedades locales, el número de cazadores en cada municipio y la extensión de los cotos, harían difícil que puedan ponerse en marcha esta figura.
Asimismo, insisten en que las autorizaciones para el control de predadores deben también incluirse en los Planes de Ordenación Cinegética, al ser métodos homologados y debe hacer una apuesta más seria para la gestión de la caza menor en la región y especialmente de la perdiz roja, en claro declive.
Por otro lado, todas las organizaciones no sólo no aceptan la eliminación del lanceo de jabalí, modalidad tradicional que se practica en España desde hace siglos y mucho menos que este hecho haya sido solicitado desde el propio sector, sino que rechazan su inclusión como método cruel ya que su caza se practica en condiciones absolutamente ventajosas para el animal y es un método totalmente selectivo.
El sector considera que una ley de caza no puede entrar a valorar criterios morales o éticos y sería un precedente muy peligroso para el futuro de la caza en esta región.
El régimen sancionador y su graduación en función del tanto al duplo supone introducir criterios de subjetividad en esta ley de caza, cuestión que el sector rechaza completamente.
Finalmente las seis organizaciones piden a la Consejería que el trato preferencial que en una ley de caza han tenido organizaciones ecologistas, algunas de ellas contrarias a la propia actividad cinegética, sea el mismo que el sector cinegético deba tener en el desarrollo de la legislación de carácter ambiental.
Así, instan a la Consejería a poner en marcha la modificación de los Planes de Recuperación de Especies en Peligro, la modificación del Plan de Gestión del Conejo o del Plan de Recuperación de la Perdiz Roja, cuestiones sobre las que la Mesa en Defensa de la Caza propondrá medidas a corto plazo.