«Es un convenio fundamental no sólo por la cuestión económica, porque no pensábamos sólo en ellocuando hablamos con los Colegios de Abogados de Castilla-La Mancha, sino por la mejor defensa posible para las mujeres que han sido víctimas de malos tratos».
Lo ha dicho la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, tras la firma del convenio que ha firmado el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de la comunidad autónoma.
Cospedal, que estaba acompañada por su consejero de Presidencia y Administraciones Públicas y Portavoz, Leandro Esteban; y por la directora del Instituto, Teresa Novillo, ha recalcado que su Gobierno entendió desde el primer momento «que debían ser los colegios de abogados quienes pudieran prestar esa defensa, son los más adecuados y así evitamos duplicidad en las asistencias».
Para matizar que a partir de este momento todas aquellas castellanomanchegas que hayan sido víctimas de malos tratos, y sus hijos, «tendrán asistencia jurídica y procesal desde el primer momento y las 24 horas del día. Y se van a sentir acompañadas por profesionales que han recibido formación específica en esta materia».
Un convenio que ha definido como un «ejemplo de unión entre la sociedad civil, la administración pública y las personas que peor lo pasan, que son las mujeres víctimas de malos tratos y sus hijos».
El montante económico del convenio es de 250.000 euros, que aporta la Junta de Comunidades.
«POR ENCIMA DE NUESTROS INTERESES ESTÁN LOS DE LAS MUJERES A LAS QUE HAY QUE ASISTIR CUANDO LO NECESITAN»
Mientras, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha, José Luis Vallejo, ha agradecido al Gobierno regional la firma del citado convenio de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género «con un presupuesto infinitamente inferior» al que había.
Felicitaciones que ha extendido a la directora del Instituto de la Mujer y a la viceconsejera de Presidencia, Mar España, «que nos estuvo regateando hasta el último momento cinco euros por una partida», dijo con una sonrisa en la boca.
Pero, he ahí el matiz, «por encima de nuestros intereses estaban los de las mujeres de Castilla-La Mancha a las que había que asistir cuando lo necesiten. Nunca se nos pasó por la cabeza dejar a una mujer sin asistencia jurídica, gratuita o no. Por eso teníamos claro que había que firmar el convenio sí o sí».