La Asociación Nacional para la Defensa de los Animales (ANDA) ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo por la matanza pública del cerdo que se hizo el pasado mes de febrero en la localidad toledana de Quismondo sin el aturdimiento previo obligatorio del animal, y que ha sido admitida a trámite.
En un comunicado, ANDA asegura que la queja va contra los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura por la «dejadez demostrada por dicho organismo, que no ha actuado de forma diligente para investigar y en su caso sancionar al Ayuntamiento de Quismondo, organizador de la matanza pública».
El Defensor del Pueblo -explica ANDA- ha iniciado las actuaciones oportunas ante la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha.
El sacrificio del cerdo de Quismondo fue difundido previamente a través de carteles en los que aparece como organizador el Ayuntamiento de la localidad y como patrocinadores la Diputación de Toledo y varias empresas locales, afirma dicho colectivo.
El procedimiento utilizado en esta matanza no cumplió -según ANDA- con lo establecido por la legislación vigente en la materia, ya que no se procedió al aturdimiento del animal previo al corte realizado para su sangrado, por lo que se causó un padecimiento innecesario.
Entre las personas que estuvieron en el acto y que realizaron la matanza estaba, según dicha asociación, el propio alcalde de Quismondo y el carnicero de la localidad, quienes deberían ser conocedores de las leyes de bienestar y sanidad animal, aunque sorprendentemente el veterinario local no estuvo presente, según algunos testigos.
Sin embargo, agregan, la Consejería de Agricultura afirma no disponer de los datos necesarios para sancionar este comportamiento, a pesar de que ANDA remitió a las autoridades tanto un vídeo como el cartel anunciador de este acto, donde el Ayuntamiento aparece como patrocinador.
«Esperamos que quienes no cumplen con la Ley de Bienestar Animal sean sancionados y, muy especialmente, que no reincidan en la organización de una matanza sin aturdir previamente al cerdo», ha afirmado el portavoz de ANDA, Alberto Díez.
El régimen sancionador previsto por la Ley 32/2007 incluye como infracción «muy grave» el «incumplimiento de la obligación de aturdimiento previo, cuando no concurra el supuesto establecido en el artículo 6.3» (sacrificio religioso) con sanciones previstas de entre 6.000 y 100.000 euros.