Los agentes medioambientales y forestales de España llevarán al Congreso de los Diputados su oposición «frontal» a la Ley de Montes, que dejaría «atados de pies y manos» a los funcionarios de este cuerpo al perder competencias en detrimento de las fuerzas de seguridad del Estado.
La Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales (Aeafma), UGT y CCOO han mantenido en las últimas semanas reuniones con los principales partidos de la oposición en el Congreso y otros colectivos sociales para explicarles la situación en la que quedarían los más de 6.400 agentes en España.
Luis Díaz, presidente de Aeafma, ha explicado hoy a Efe que la nueva Ley considera los agentes medioambientales «auxiliares» de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, lo que supone dejarles sin competencias como policías medioambientales con capacidad para investigar delitos en el campo.
La supresión en el texto de la definición de agente medioambiental como «funcionario» es un tema que preocupa a este colectivo, porque, ha señalado, «nosotros queremos seguir haciendo lo que hasta ahora, ser auxiliares de fiscales y jueces en la investigación de los delitos medioambientales que se produzcan en cualquier parte del territorio nacional».
«No podemos permitir que quieran que los agentes medioambientales y forestales sean los auxiliares de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, un colectivo que está menos preparado y capacitado que nosotros», ha añadido.
En este sentido, ha defendido que «no parece lógico que el Gobierno quiera quitarnos estas funciones, como tampoco parecería lógico que el Gobierno sacara una ley para que los asesinatos lo investigaran los agentes medioambientales, qué no sabemos nada de eso».
Si se aprueba la Ley, ha comentado el presidente de Aeafma, en España desaparecerían las unidades especializadas en investigación de incendios, desaparecerían las unidades especializadas de venenos o desaparecerían unidades especializadas como la brigada de delitos ambientales de Murcia o las patrullas de fauna de Cataluña.
En su opinión, la nueva Ley de Montes pone «en grave riesgo» la protección medioambiental de gran parte del territorio, y puede causar «daños irreversibles» a la naturaleza si finalmente incluye medidas como la recalificación de terrenos incendiados sin esperar 30 años.
Este cambio normativo, ha puntualizado, «abrirá la posibilidad a la especulación urbanística en los terrenos que fueran afectados por el fuego».
Para Díaz, otras medidas negativas que incluye la Ley es la supresión de los planes de gestión en los montes privados y los montes públicos no catalogados, en los que se deja una moratoria de 25 años en su gestión.
En su opinión, esto conllevará un riesgo añadido de pérdida de biodiversidad ante el peligro de que se produzcan en ellos incendios forestales.
Ha anunciado que tanto Aeafma, como CCOO y UGT, van a tomar las medidas legales que estén a su alcance para trata de frenar la ley, y no ha descartado la presentación de una queja o denuncia ante la Defensora del Pueblo y la Comisión Europea.