La memoria de la Fiscalía de Castilla-La Mancha correspondiente a 2013 revela que, mientras que en términos generales ha bajado el número de delitos en la región, el apartado concreto de ilegalidades relacionadas con la crisis ha subido y, de hecho, las defraudaciones de fluido eléctrico se han duplicado.
Este dato lo ha aportado el fiscal superior de Castilla-La Mancha, José Martínez, quien ha comparecido hoy en la Comisión de Justicia y Protección Ciudadana de las Cortes para informar sobre la Memoria Anual de la Fiscalía del año 2013, que recoge que el delito de defraudación de fluido eléctrico y análogos ha subido de 82 en 2012 a 170 el año pasado, es decir, un incremento del 107,3 por ciento.
Asimismo, la insolvencia punible ha subido en un 47,16 por ciento, con 78 casos -25 más que en 2012-; la usurpación de inmuebles (okupas), que se ha incrementado en un 34,3 por ciento, con 571 delitos -146 más que en 2012-, y los delitos de receptación, que han crecido un 35,44 por ciento, hasta los 107 casos -28 más que en 2012-.
También se ha incrementado en un 4,25 por ciento la simulación de delitos, con 98 casos -4 más que en 2012-, y el impago de las pensiones, por ejemplo en los casos de divorcio, que han subido un 6,46 por ciento, con 1.070 casos -65 más que en 2012-.
La infracción más común en este apartado de delitos relacionados con la crisis es la estafa, que alcanza los 5.157 casos, un 6,13 por ciento más que en 2012 al tener 298 más.
«El impacto de la crisis económica se deja sentir en esta radiografía de la sociedad de Castilla-La Mancha que es el mapa de la criminalidad», ha comentado el fiscal jefe.
Asimismo, el fiscal también ha indicado que ha subido «de forma importante» la actividad de la Fiscalía en procesos concursales y en el control de tutelas, es decir, en el control de la gestión del patrimonio de las personas con discapacidad por parte de quienes eran sus tutores que en ocasiones hacían uso indebido del patrimonio.
En cambio, ha destacado que se ha producido una disminución general del número de procedimientos penales y mientras que a nivel nacional ha bajado un 2 por ciento, en Castilla-La Mancha el descenso ha sido del 2,4 por ciento.
Aunque ha afirmado que es difícil determinar las causas reales de este descenso, ha considerado que se puede achacar a un descenso de la población en el país y a la labor preventiva de los órganos judiciales.
«Tan importante como el descenso de cifras de criminalidad es el aumento de la eficacia de los órganos judiciales, porque además de descender el número de procedimientos se mantiene el número de actas de acusación», ha destacado el fiscal.
Para Martínez, una de las claves de 2013 en el ámbito de la Fiscalía ha sido la estabilidad, al no haberse producido cambios relevantes y «no hay novedades en mejora de infraestructuras ni en la ampliación de las plantillas».
En este sentido, ha valorado las palabras del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ayer anunció la ampliación de plantillas judiciales y ha indicado que en Castilla-La Mancha hay 82 fiscales, aunque por población le corresponderían 110.
Una cifra de 110 que, en su opinión, habría que corregir a la baja porque «la conflictividad de Castilla-La Mancha es menor que la que exige en otros ámbitos», si bien ha considerado que sería necesario un «aumento importante de plantillas de fiscalidad, en todas las fiscalías de Castilla-La Mancha».
Asimismo, ha valorado que en 2013 se ha producido una mejora de las aplicaciones informáticas con las que trabajan las fiscalías, al ser una «herramienta indispensable del trabajo siglo XXI».
Por otro lado, ha valorado la mejora en la tramitación de los procedimientos penales, ya que ha aumentado el número de juicios celebrados de «forma importante» y también ha subido el número de conformidades y de juicios rápidos en Castilla-La Mancha.
En concreto, ha indicado que las conformidades en las sentencias de los juzgados de lo penal ha subido un 48 por ciento y un 35 por ciento en las sentencias de las audiencias provinciales.
Como dato curioso, ha indicado la causa abierta en la Fiscalía de Guadalajara por una denuncia interpuesta por la presidenta de UPyD, Rosa Díez, debido a que la cuenta de Twitter «@manda_guevos» publicó su número de teléfono y el del diputado Toni Cantó, quienes llegaron a recibir amenazas por mensaje de móvil y ‘whatsapp’.
En este caso, toda vez que no se consiguió un total grado de esclarecimiento, el caso se dio por sobreseído provisionalmente.
En cuanto a sus propuestas, Martínez ha planteado profundizar en el incremento de juicios rápidos, potenciar las conformidades y eliminar o reducir las demoras en la fase intermedia del proceso penal, que en algunos casos en Castilla-La Mancha superan los 532 días, que es la media nacional.
La diputada socialista Rosa Melchor ha agradecido la exposición del fiscal, si bien ha hecho alusión a la falta de medios que a su juicio debe hacer frente los órganos judiciales, mientras que la diputada del PP Carolina Agudo ha destacado que, en los datos de la memoria de la Fiscalía pueden ser reflejo de la recuperación económica.