El Gobierno regional ha explicado hoy que los docentes están obligados a cumplir la ley y, por tanto, no se pueden reunir en los centros educativos sin informar previamente a los inspectores educativos, algo que el PSOE ha rechazado por entender que se coartan sus derechos y libertades públicas.
El director general de Recursos Humanos y Programación Educativa de la Junta, José Jaime Alonso, ha explicado a Efe antes de comparecer en la Comisión de Educación de las Cortes regionales, a petición del grupo parlamentario socialista, que la orden dada a los inspectores de impedir reuniones no autorizadas «está amparada en la normativa vigente».
La normativa, ha dicho Alonso, es «bastante clara sobre los derechos y deberes que deben de cumplir todos los miembros de la comunidad educativa, incluidos los docentes».
Ha explicado que la Administración «lo que hace es aplicar la normativa», que garantiza el derecho de reunión y la libertad de expresión, «y lo único que pide por parte del servicio de inspección es que siga los cauces reglamentarios para tener un control del correcto funcionamiento de los centros educativos», ha expresado.
Alonso ha creído «de sentido común» conocer cómo actúan los centros educativos y ha pedido «un poco de cordura» para explicar la necesidad de utilizar una instalación porque, ha afirmado, «esta Administración tiene un carácter dialogante y está comprometida por facilitar el buen funcionamiento de los centros y las relaciones de los docentes».
«No se impide que se puedan reunir, simplemente que lo tienen que solicitar y explicar porqué para tener la autorización pertinente», ha razonado Alonso.
Según Alonso, el servicio de inspección ha funcionado estos meses «de manera ejemplar», sin desajustes ni ningún conflicto destacable y ha cumplido con su trabajo de velar por que se cumpla la norma legal, por lo que «si ha habido alguna irregularidad estamos dispuestos a intentar mejorarlo».
Por su parte, la portavoz de Educación del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Mari Carmen Rodrigo, ha pedido al Gobierno regional que «admita que los profesionales y las familias pueden no estar de acuerdo con sus medidas de recorte y tienen todo el derecho del mundo a expresarlo y a dar su opinión sobre el tema».
Ha explicado que el PSOE ha solicitado esta comparecencia «porque hemos visto que se están intentado limitar los derechos a la ciudadanía» y, en este sentido, ha pedido al Ejecutivo regional que «eche para atrás las sanciones que ya ha impuesto, los procedimientos abiertos, y que asuma que se pueden no estar de acuerdo con sus recortes».
«Están limitando la libertad de expresión que está protegida constitucionalmente», ha agregado Rodrigo, quien ha justificado que «no ha habido ninguna interrupción de la paz social ni se han hecho otros planteamientos diferentes, simplemente se manifiesta una opinión que ellos entienden que no es adecuada, pero ni la admiten ni dejan que se expresen libremente».