Los fiscales de Castilla-La Mancha han incluido una serie de propuestas legislativas en la Memoria de la Fiscalía de 2013, entre ellas la supresión de la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos de expropiación forzosa.
Esta propuesta consta en la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente al pasado año, consultada por Efe y publicada hoy en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha.
En la memoria, los fiscales realizan una serie de propuestas sobre asuntos como la violencia de género, las separaciones o divorcios, y la expropiación forzosa.
Sobre este último asunto, se plantea suprimir la intervención del Ministerio Fiscal al entender que su función se puede conseguir igualmente mediante la regulación en la propia norma de estos procedimientos.
El Ministerio Fiscal se encarga de proteger los intereses de las personas no comparecientes, incapaces no representados o del legítimo titular cuando la propiedad sea litigiosa.
Pero los fiscales plantean que el justiprecio se fije por el Jurado Provincial de Expropiación u órgano equivalente de la comunidad autónoma, y que si la administración expropiante no coincide con el beneficiario de la expropiación, sea ésta la que exija el pago y consignación del justiprecio, procediendo en su caso por la vía de apremio.
Apuntan que se garantizaría, de esta manera, una fijación justa del valor del bien expropiado y se prevería un destino de la indemnización, lo mismo que hace el Ministerio Fiscal, pues no dispone de medios para realizar una tasación independiente del bien.
«En definitiva, la intervención del fiscal se limita a exigir la fijación oficial del justiprecio, su pago y consignación a disposición del propietario, luego es prescindible mediante la adecuada regulación de tales supuestos», afirman.
Los fiscales de Castilla-La Mancha apuestan por un redimensionamiento de sus competencias -eliminando las que no sean estrictamente necesarias y modificando algunas otras para conseguir más efectividad- si en un futuro próximo será el Ministerio Fiscal la institución encargada de la investigación penal.
En materia de violencia de género, como han pedido en otras ocasiones, proponen modificar la ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite a una mujer víctima de machista no declarar contra su marido, aunque sea el maltratador.
A su juicio, no es razonable que el Estado articule «toda una telaraña» jurídica y social para la víctima, y que luego se acoja a este artículo de la ley al haber una reconciliación, «quedando el proceso huérfano de prueba directa en la mayoría de los casos».
También dicen que es deseable, «como compensación a lo anterior», que en las sentencias condenatorias por violencia de género fuera «potestativo» y «no obligatorio» que el juez acordara la prohibición de acercamiento o comunicación entre cónyuges, ante una posibilidad de reconciliación futura,
«No es que se opine que dichas prohibiciones no sean acordes con el espíritu de la normativa protectora de víctimas indefensas, pero en la práctica resultan de todo punto inoperantes en un porcentaje altísimo de los supuestos», señalan.
Por último, los fiscales de Castilla-La Mancha proponen que se recoja por ley la solución a los supuestos en los que, constando la separación o divorcio de los cónyuges y existiendo menores de edad a cargo de uno de los progenitores, normalmente la madre, éste se niegue a cumplir con el régimen de visitas.
En este sentido, plantean establecer un régimen similar al previsto en los supuestos de violencia de género, donde por medio de una comparecencia de carácter urgente y «contundente» se pudiera articular un cambio en la custodia del menor.