Los médicos de Castilla-La Mancha no han recibido ninguna instrucción ni del Sescam ni de la Consejería de Sanidad sobre como han de aplicar la normativa nacional que a partir del 1 de septiembre limita la asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares de la región. Fuentes del Sescam han indicado a Efe que se va a esperar a lo que se diga en la reunión que tienen nueve consejeros de Sanidad con la ministra Ana Mato, quien antes de este encuentro ha dicho que los inmigrantes sin papeles tendrán que pagar el coste de la asistencia.
En el caso de que no haya una «única línea» de actuación se verá si es necesario establecer alguna instrucción concreta, han indicado las mismas fuentes del Sescam.
Tampoco los 56 médicos de la región que han objetado a esta norma del ministerio y que, por tanto, están dispuestos a atender a los inmigrantes, han recibido comunicación alguna sobre como deben actuar.
No obstante, el Sindicato Médico (CESM) cree que los facultativos objetores van a tener «muy difícil» llevar a la práctica su objeción, por motivos de «operatividad».
En este sentido, el portavoz del CESM en la región, Miguel Méndez, ha explicado a Efe que aunque no hay dudas en cuanto a la atención de un inmigrante en el caso de que necesite ser operado de urgencia (en esos casos si se permite), un médico objetor tendrá que contar también con el anestesista y demás personal sanitario para llevar a cabo una intervención quirúrgica que no sea de urgencia.
Asimismo, Méndez también ve complicado que un inmigrante irregular pueda ser atendido con eficacia por un médico objetor en atención primaria, porque si el enfermo necesita de alguna prueba diagnóstica o enviarle a un especialista, «el sistema informático no lo permite».
Sobre la decisión del Gobierno de Rajoy de no atender a los inmigrantes irregulares nada más que en casos de urgencia, además de a embarazadas y menores, el secretario regional de UGT, Carlos Pedrosa, ha tachado la actitud del Gobierno nacional de «antidemocrática y anticonstitucional».
«No se puede permitir que un país europeo como España y tremendamente comprensivo con los derechos humanos niegue la asistencia sanitaria a personas que llegan a nuestro país a buscarse la vida como nosotros lo hicimos hace años en otros países europeos».
El Gobierno, ha indicado Pedrosa, tiene la obligación de prestar asistencia sanitaria con independencia del origen, ha insistido el dirigente de UGT.