CCOO, STAJ y UGT han iniciado la recogida de firmas contra la Ley de Tasas judiciales y la retirada de todos los proyectos del Ministerio de Justicia que pretende, como fin último, «convertir el servicio público de la justicia en un negocio», consideran las centrales. La coordinadora de Justicia de CCOO de Castilla-La Mancha, Lola Castejón, ha explicado a los medios de comunicación, a las puertas de los Juzgados de Toledo, que la iniciativa ha surgido a nivel nacional y pretende presionar al Ministerio de Justicia para que revoque una Ley que consideran «abusiva».
Castejón ha explicado que la campaña de recogida de firmas, a nivel nacional, concluirá el 19 de enero con una manifestación en Madrid y que, antes, el día 12, está la posible huelga de jueces y el día 20 concentraciones en toda España y el ‘apagón’ judicial.
A la campaña, ha añadido, se han sumado todos los colectivos y funcionarios de la administración de Justicia, y se va a pedir el apoyo de jueces, fiscales, colegios de abogados, colegios de procuradores y de todo el personal afectado por la Ley de Tasas.
Además, la campaña va a dirigida también «a toda la sociedad en general, porque se nos sigue gravando con cualquier trámite, como recursos, apelaciones, demandas, pleitos o tramitación de nacimiento, defunción o nacionalidad, en un claro síntoma de que el fin último es la privatización de los registros civiles», ha añadido.
«La justicia no es un problema de tasas, sino de organización y de buena gestión de los responsables del Ministerio de Justicia, porque los ciudadanos no van a arreglar la justicia pagando más tasas», ha completado Lola Castejón.
Por su parte, la delegada sindica de STAJ de Toledo, Ana Sánchez, ha explicado a preguntas de los periodistas que el CSIF de Toledo se ha descolgado de la iniciativa, pese al respaldo del sindicato a nivel nacional, por no estar de acuerdo con uno de los párrafos que se expresan en el documento que exige justicia «para todos, de calidad y con eficacia».
En concreto, el que se refiere a la denuncia que se carga sobre la Administración de Justicia de amparar a los bancos «que con sus demandas privan a miles de ciudadanos de un derecho fundamental como es la vivienda» y que, en opinión de Sánchez, «es una denuncia contra la Ley Hipotecaria».
«Nos ha contestado que hasta que no reciba una respuesta de Madrid no se va a sumar a la recogida de firmas», ha subrayado.