La entrevista de la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en encastillalamancha.es, en la que manifestó diversas opiniones sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en CLM y sobre la Plataforma del mismo nombre provocó un contundente reacción de este colectivo en contra de la consejera. Hoy son los trabajadores sociales los que muestran su malestar con las afirmaciones vertidas por la Plataforma en su comunicado.
El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha contestado en su Facebook las opiniones del comunicado que la Plataforma de la Dependencia de CLM envió a encastillalamancha.es y en el que afirmaban no admitir que el trabajador social sea el único que decida la mejor prestación para un dependiente.
La Plataforma se pronunciaba sobre las declaraciones que había hecho a encastillalamancha.es la consejera de Bienestar, Aurelia Sánchez, acusándoles de obcecarse demasiado con las prestaciones económicas y defendiendo el papel de los servicios sociales y sus profesionales para decidir cuál es la mejor prestación en cada caso. Esa opinión fue contestada por la asociación en defensa de los dependientes que explicaba que estas decisiones de los profesionales podrían basarse en la defensa de intereses corporativos, una calificación que el Colegio de Trabajo Social considera «muy grave». “Lo más grave es la acusación de que los/as trabajadores sociales actuamos con criterios partidistas para mantener nuestros puestos de trabajo”, puntualiza el colectivo.
«DEBE SER LA PROPUESTA PROFESIONAL LA QUE SE TENGA EN CUENTA·
Ante tales afirmaciones el Colegio de Trabajo Social manifiesta que «evidentemente que no debe ser el trabajador social el que decida», al tiempo que recuerdan que es la Ley española la que contempla «trámite de audiencia y alegaciones a la persona interesada pero sí que debe ser su propuesta profesional la que se tenga en cuenta técnicamente a la hora del acceso a los servicios y prestaciones».
El Colegio pregunta a la Plataforma si «¿se les ocurriría poner en duda el criterio técnico de su pediatra o médico de familia o especialista ante un diagnóstico clínico sobre el tratamiento adecuado para atender una enfermedad o patología? Creemos que ni se lo plantearía». Añaden que la opinión de los padres «por muy basada que eté en el cariño, afecto amor… No tiene el rigor técnico que una profesión formada para analizar globalmente la situación y proponer el recurso más adecuado para garantizar unos cuidados profesionalizados».
«LA PLATAFORMA INFRAVALORA LA INVERSIÓN EN ATENCIÓN TEMPRANA, CENTROS OCUPACIONALES…»
Insisten en que si el colectivo actuara bajo presión política “la mejor forma de evitar problemas para un profesional es proponer que se conceda únicamente la prestación económica, que es el único recurso que parece que desea la Plataforma, infravalorando la inversión en atención temprana para niños con discapacidad, centros ocupacionales, centros de día, residencias, servicios de promoción de la autonomía, etc…”.
Por otro lado, el Colegio de Trabajo Social de CLM desmiente la afirmación de la Plataforma de que la Junta exige que se devuelvan cantidades indebidamente cobradas apoyándose en una legislación ya anulada. En opinión de este colectivo profesional, “el problema de fondo que plantean (la Plataforma) es que desean regir la agenda técnica (y política) de la aplicación de la Ley de Dependencia en la región por un interés loable, como es la defensa de los intereses de las personas dependientes, pero poniendo el foco en la prestación de cuidados familiares y no en reivindicar el desarrollo de servicios profesionalizados para atender a dependientes”.
En este sentido, el Colegio asegura que estarán siempre al lado de la Plataforma para reivindicar más y mejores servicios públicos de atención a dependientes “porque la prestación económica se ha demostrado que no mejora la calidad de vida, aunque reconozca monetariamente el esfuerzo del cuidador”.
En su comunicado de contestación a la Plataforma de la Dependencia, el Colegio de Trabajo Social se pregunta “¿dónde está la reivindicación de la recuperación de la cotización a la Seguridad Social eliminada en 2012?”, a juicio de este colectivo “el mayor recorte producido en los 9 años de vida de la Ley de la Dependencia”.