Más de 1.000 mujeres figuran como víctimas de violencia machista en las denuncias presentadas a lo largo del primer trimestre de 2015 en Castilla-La Mancha, periodo en el que se ha producido un leve descenso del número de denuncias.
Según datos facilitados por el Observatorio Judicial contra la Violencia Doméstica y de Género, en todo el país 29.153 mujeres figuran como víctimas de violencia machista en las más de 30.000 denuncias presentadas entre enero y marzo de este año, cuando ha habido un leve descenso, del 0,4 por 100, del número de denuncias.
En Castilla-La Mancha aparecen 1.062 mujeres como víctimas de este tipo de violencia en las 1.070 denuncias presentadas, lo que supone una ratio de víctimas de violencia machista por cada 10.000 mujeres de 11,5 frente a una media nacional del 13,2.
Las ratios más altas están en Baleares y Murcia, con una ratio de 20 y 19, y la más baja se da en la Rioja, País Vasco, Navarra y Extremadura, ligeramente por encima de ocho.
Respecto a las cifras nacionales, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, resultan «difícilmente asumibles en una sociedad que ha apostado por la igualdad y el respeto de los derechos humanos».
Más de un 68 por 100 de las denuncias fueron presentadas por la propia víctima, directamente en el juzgado o a través de atestados policiales y las interpuestas gracias a la intervención directa de la policía se sitúan en el 15,35 por 100 de los casos.
El Observatorio destaca, una vez más, las pocas denuncias presentadas por familiares de la víctima, que no llegaron siquiera al 2 por 100 del total.
En este periodo se observa un incremento de dos puntos en el porcentaje de sentencias condenatorias a maltratadores, que se sitúa en el 61,4 por 100 con 7.216 condenas.
El mayor porcentaje de sentencias condenatorias se produjo en los juzgados de violencia sobre la mujer (74,5 por 100), seguido de las Audiencias Provinciales (67,4 por 100) y de los juzgados de lo penal (52,5 por 100).
Entre enero y marzo se solicitaron, además, 9.683 órdenes de protección, lo que supone un incremento del 6,9 por 100 con respecto a 2014 y un 57 por 100 de estas órdenes fueron finalmente adoptadas.
En los juzgados de guardia, se acordaron 895 órdenes de protección (el 70 por 100 del total de las solicitadas) y se denegaron 380.
En la mitad de los casos, la relación de pareja se mantenía en el momento de la solicitud de la orden de protección mientras que en el 46 % la relación se había extinguido.
Un 2 por 100 de las mujeres que solicitaron esta orden eran menores de edad.
Derivadas de las órdenes de protección y otras medidas cautelares se adoptaron 13.438 medidas judiciales penales, entre las que destacan la orden de alejamiento (en casi un 80 % de los casos), la prohibición de comunicación (78 por 100), la salida del domicilio (13,4 por 100) y la prohibición de volver al lugar en que se cometió la agresión (10 por 100).
Se dictaron también 3.637 medidas civiles cautelares mientras se resolvía el proceso penal, un 24 por 100 en relación a la prestación de alimentos y un 20 por 100 resolvieron la atribución de la vivienda.
En un 6,5 por 100 de los casos las medidas supusieron la suspensión de la guarda y custodia de los hijos y en un 3,3 por 100 de los supuestos se procedió a la suspensión del régimen de visitas.
Por otra parte, en 3.552 casos la víctima se acogió a la dispensa de la obligación legal de declarar, lo que supone un porcentaje de un 12,2 por 100 en relación con el total de las víctimas de violencia.
Para Carmona, estos datos constatan que la sociedad democrática española «sigue enfrentándose a una de las mayores lacras sociales» y es necesario un «mayor esfuerzo» de coordinación institucional y una mayor implicación de toda la sociedad, muy especialmente de las personas allegadas a las víctimas.
La presidenta del Observatorio ha valorado, sin embargo, que hayan aumentado las condenas a los maltratadores. «Es importante porque queda patente que la justicia funciona y que no existen zonas de impunidad en la violencia de género».