Los médicos de Atención Primaria de Castilla-La Mancha están, junto a los de otras ocho comunidades autonómicas, entre los que no pueden prescribir los nuevos anticoagulantes orales como primera receta.
De tal forma que los anticoagulados castellanomanchegos forman parte del 30 % de pacientes que sufren está limitación en España y que choca con el que más de la mitad de los pacientes anticoagulados son seguidos de manera autónoma en los centros de atención primaria y en más de un 25 % coordinadamente con la atención hospitalaria.
Así lo ha asegurado en nota de prensa José María Lobos, coordinador del Grupo de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC) y uno de los coordinadores de la Red ‘La salud del paciente, por delante’, grupo multidisciplinar conformado por más de 20 expertos de distintas especialidades unidos en torno a la incorporación de los nuevos tratamientos anticoagulantes.
Un tercio de los pacientes manchegos anticoagulados por fibrilación auricular no está bien controlado con los tratamientos anticoagulantes clásicos, ha aclarado Lobos, que los califica de «pacientes prioritarios» o con alto riesgo embólico y que están expuestos a un mayor riesgo de sufrir graves complicaciones como ictus, al no están protegidos, o hemorragias con gran riesgo vital.
Un hecho, ha entendido, que supone el que Castilla-La Mancha es una de las regiones en las que no se cumplen las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad respecto a la utilización de los nuevos anticoagulantes orales.
Esto genera «inequidades no justificadas» en el Sistema Nacional de Salud en el acceso a estas terapias innovadoras, según denuncia el Informe ‘Jurado popular: Dilemas en anticoagulación’, que coordina la Red ‘La salud de paciente, por delante’, y apunta que la prescripción de los nuevos anticoagulantes orales está restringida en algunos niveles asistenciales y especialidades médicas y no hay homogeneidad en los criterios de uso y de inicio de tratamiento en las diferentes comunidades autónomas.
Un hecho que «ha creado una inercia negativa al cambio bajo el pretexto del contexto económico actual», ha subrayado el doctor José Ramón González, jefe del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela y coordinador de la Red ‘La salud del paciente, por delante’.
«Los profesionales no hacemos uso de las posibilidades de aplicación que nos da la normativa», ha señalado González, quien ha añadido que «hay que conseguir que la homogeneización en el uso de los NACO sea una realidad en todo el Sistema Nacional de Salud».
Una unificación del proceso asistencial a la que se suma el potenciar la información y educación del paciente y ofrecerle la terapia más adecuada en cada caso, pues se estima que uno de cada tres de los pacientes anticoagulados con la medicación clásica (los fármacos antivitamina K) no alcanza un buen control terapéutico.
En nuestro país se producen anualmente en torno a 100.000 ictus, de los cuales hasta 25.000 se asocian a la fibrilación auricular no valvular.
Pese a las recomendaciones de utilización de las nuevas opciones terapéuticas que recoge el Ministerio de Sanidad en estos casos, el ritmo de introducción de los NACO en España es claramente inferior al observado en la mayoría del resto de países europeos, que en nuestro país apenas llega al 9 % cuando en otras naciones como Francia o Alemania superan el 22 %.