La Consejería de Agricultura ha sancionado con 25.000 euros de multa y la suspensión de la actividad cinegética durante dos años a un coto de caza del término municipal de Medranda (Guadalajara), por no informar de que en su interior se habían hallado animales víctimas de un envenenamiento masivo.
Así lo han dado a conocer hoy en nota de prensa las organizaciones conservacionistas WWF España y Grefa, que integran el programa «Antídoto», creado a finales de la década de los años 90 del pasado siglo para luchar contra el uso de cebos envenenados.
WWF España y Grefa han precisado que el expediente contra este coto fue abierto tras el hallazgo en su interior de algunos de los animales muertos en un caso de envenenamiento masivo ocurrido hace dos años en una zona protegida por la Red Natura 2000, el Lugar de Interés Comunitario (LIC) «Valle del río Cañamares».
Debido al envenenamiento masivo murió una veintena de animales, entre ellos un águila de Bonelli o perdicera que portaba un emisor para su seguimiento, que fue encontrado en el coto de Medranda.
La señal emitida por este dispositivo permitió el hallazgo de este ejemplar y dio la pista para que los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, con la ayuda imprescindible de una patrulla de perros especializados, diesen con el resto de los animales muertos, la mayoría buitres leonados y otras aves rapaces.
En otro coto colindante, situado en el término municipal de Castilblanco de Henares (Guadalajara), también se encontraron animales muertos por el mismo episodio de envenenamiento e incluso los cebos utilizados para envenenarlos.
Algunos de estos cebos se localizaron en la boca de madrigueras de zorro, lo que indica un uso típicamente cinegético, dirigido a eliminar, de manera masiva y delictiva, posibles depredadores de piezas de caza, han señalado las organizaciones conservacionistas.
Posteriormente, se confirmó que tanto cebos como cadáveres tenían carbofurano, plaguicida altamente tóxico y cuya comercialización como fitosanitario está prohibida en la Unión Europea.
Las organizaciones conservacionistas han indicado que el coto de Castilblanco de Henares ya fue objeto de una sanción administrativa meses atrás, que también incluyó la suspensión de la caza por dos años y la correspondiente multa.
En este sentido, han puntualizado que en ambos casos los expedientes sancionadores no se les abrieron a los dos cotos por ser los causantes directos del envenenamiento, sino por el incumplimiento de la Ley de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.
En el caso del coto de Medranda, el expediente fue abierto por no informar a las autoridades de la aparición de animales muertos y en el de Castilblanco del Henares, donde aparecieron los cebos envenenados, por no aplicar en el coto las medidas necesarias para impedir esta práctica ilegal.
Asimismo, las organizaciones conservacionistas han explicado que hay una causa judicial abierta por vía penal con respecto al envenenador o envenenadores que causaron esta mortandad masiva de fauna silvestre, que está siendo investigada por la Fiscalía.