El sacerdote español Antonio Rodríguez o padre Toño, conocido popularmente en El Salvador como el cura de las maras, asegura que «vincular el narcotráfico a las pandillas es una estrategia para reventar la región centroamericana».
En una entrevista concedida a Efe tras su regreso a España después de su paso por el país centroamericano, donde ha trabajado los últimos quince años directamente con las maras, ha afirmado que el narcotráfico, contrariamente a lo que se quiere hacer pensar, es un gran problema que «controlan empresas y grupos económicos y políticos de gran calibre», por lo que vincularlo a las maras sólo responde a una «estrategia premeditada».
El sacerdote se muestra contundente al afirmar que él nunca ha visto a un pandillero «con grandes casas, con grandes cuentas bancarias y viajando» y apunta que sólo ha visto «pandilleros matados o matando a otros pandilleros y viviendo en chabolas».
Para el padre Toño, que es muy crítico con el papel que el Estado ha jugado en los últimos años en El Salvador, parte de la culpa del cambio de la pandilla a una estructura más criminal la ha tenido el propio Estado que ha dicho, «ha participado en la venta de armas y en la criminalidad y han convertido la violencia en un negocio».
En este sentido, asegura que en este tiempo en El Salvador «han crecido las empresas de seguridad privada» y apunta que a la gente le interesa «tener una sociedad llena de miedo para vender empresas de seguridad, servicios de seguridad».
El cura español se muestra igual de crítico con la ausencia de regulación de armas de fuego que hay en el país, donde se calcula existen más de 400.000 armas.
«Tocar las estructuras que retroalimentan el fenómeno de las pandillas y la violencia es tocar estructuras económicas y políticas que se nutren de la tragedia diaria que vive Centroamérica y El Salvador», afirma.
Para este comprometido sacerdote, acusado de colaborar con las maras, las pandillas no tendrían el nivel de criminalidad que hoy tiene «si no hubiera habido una participación activa de instituciones del Estado o de instituciones publicas y privadas, económicas que han convertido en un negocio esta realidad».
Sobre la situación vivida en el último mes en El Salvador dice que este mes ha sido «el más largo» de su vida porque ha tenido 37 días.
«Han sido duros por tener que estar en una bartolina, tirado en el suelo, con la impotencia de sentirme inocente y de sentirte enrejado sintiéndome libre», admite.
También afirma que no se ha sentido bien tratado en este tiempo que ha permanecido detenido, especialmente, los últimos veinte días que pasó en la División Antinarcóticos de El Salvador donde, reconoce, le tuvieron aislado en un cuarto.
«Me dijeron por privilegio, pero luego me di cuenta que era para que no tuviera contacto con autoridades y tener así mayores restricciones porque los fiscales decían que podía interferir el proceso», explica.
Sobre el trato recibido por la embajada española, no tiene dudas en calificarlo como «excepcional» y asegura que el Gobierno español hizo todo lo que podía hacer, dentro del margen que tenían, tras recordar que él goza también de nacionalidad salvadoreña y que por lo tanto debía responder ante la Justicia como un ciudadano más de ese país.
Recuerda que cada vez que la embajada española quería ir más allá, el Gobierno salvadoreño les ponía freno, diciendo que era salvadoreño y tenía que ser juzgado como salvadoreño en la Justicia salvadoreña.
La embajada, el embajador, el cónsul y todo su equipo, ha afirmado, «se han portado excelentemente y con ellos me he sentido muy querido, incluso, han hecho más de lo que debían por mi, cosa que les agradezco de corazón».