El Pleno del Senado ha aprobado hoy la Ley de Montes con los únicos votos a favor del PP y de UPN, una reforma que la oposición opina que abre la vía a la especulación, degrada a los agentes forestales y empeora la protección de estos ecosistemas.
En la votación de la Cámara Alta, que previamente rechazó siete vetos, dos diputados del Partido Aragonés (PAR, integrados en el grupo popular del Senado), José María Fuster y Rosario Santos, han votado en contra por su desacuerdo con el trasvase Tajo-Segura.
La ley, aprobada por 134 votos a favor, 66 en contra y ocho abstenciones (CiU) y que ahora regresa al Congreso, incorpora las normas reguladoras del trasvase de agua a través del acueducto Tajo-Segura para cumplir con una sentencia del Constitucional.
Durante el debate, seguido por un grupo de agentes forestales desde la tribuna del hemiciclo, la oposición en bloque ha atacado la posibilidad de recalificar un terreno quemado por el fuego antes de que transcurra un periodo de 30 años.
En respuesta, el portavoz popular, Vicente Aparici, ha recalcado que ello será solo posible de modo excepcional: cuando concurran razones imperativas de interés público de primer orden y el cambio habrá de hacerse con rango de ley.
Por contra, el senador socialista Pedro Antonio Ruiz ha calificado este artículo de la ley como «gasolina para el monte» y ha dudado de las garantías ofrecidas por el grupo mayoritario.
Prácticamente, todas las propuestas, unas 250, han sido rechazadas por el PP, «una apisonadora de enmiendas que lo único que marca es la caducidad de la ley», en palabras del socialista Miguel Fidalgo.
En el mismo sentido, Joan Saura de Entesa del Progrés ha recalcado «la soledad parlamentaria y social» de los proyectos populares y ha tachado de «humillante» el trato que dispensa la reforma a los agentes forestales, pese a «corregirse parcialmente» durante su tramitación en la Cámara Alta.
Toda la oposición ha coincidido en que se restan competencias a este colectivo y se le subordina a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, un extremo que no han compartido ni Aparici ni la senadora popular Marina Moya, que han sostenido que no se ha modificado ni restado ninguna de sus funciones de investigación.
También ha habido una crítica mayoritaria, en la línea con las organizaciones ecologistas, respecto a que se ha pospuesto la fecha obligatoria para que los montes tengan su plan de gestión (el año 2040 en lugar de 2021).
Según el senador Fidalgo del PSOE, si hubiera que medir la huella ecológica de los Gobiernos, el de Mariano Rajoy «iba a batir todos los daños y perjuicios del medio ambiente».
En su opinión, la reforma de montes no potencia la prevención de los incendios, crea las condiciones para especular con los bosques incendiados y «quiere evitar que haya un cuerpo de funcionarios independientes (agentes forestales) que solo dependa de jueces y fiscales, socavando sus funciones».
Al respecto, el senador popular Aparici ha advertido de que el PSOE «ve permanentemente gigantes donde solo hay molinos» y ha defendido que la nueva ley «engarza perfectamente con el desarrollo sostenible», mejora de la gestión de los montes, la lucha contra el cambio climático y el aprovechamiento de los recursos forestales.
Todo lo contrario ha opinado Jesús Iglesias (Izquierda Unida), a cuyo juicio no solo no mejora la ordenación forestal sino que propicia la explotación comercial y la privatización de los montes.
Pere Maluquer (CiU) ha señalado que, pese a no haber votado en contra, la reforma introduce modificaciones que no se entienden.