Las Cortes de Castilla-la Mancha han aprobado una proposición no de ley relativa a la creación de un sistema de Indicaciones Geográficas Protegidas. Una propuesta que nacía del sector, concretamente de la Asociación Provincial de Cuchilleros de Albacete, y que presentaban PSOE y Podemos. A raíz de la misma, la consejera de Empleo, Patricia Franco, anunciaba que este tema no quedará en Castilla-La Mancha, sino que defenderán el valor del sector acogido a las IGP en Bruselas, en un viaje que realizará el presidente Emiliano García-Page en el mes de junio.
El peso de las Indicaciones Geográficas Protegidas en Castilla-La Mancha es importante. Las cifras así lo ratifican: 2.000 empresas, 1.100 artesanos, más de 5.700 empleos y un peso en la industria regional del 5,1 por 100. Hablar de Indicaciones Geográficas Protegidas de productos no alimentarios es hablar de cuchillería, cerámica, encajes, calzado, espadas y damasquino, marroquinería, bordados, guitarras, mimbre, bronce, forja o mueble; productos que tienen que luchar, principalmente, contra la competencia desleal. Solo el año pasado, se detuvieron en las aduanas españolas tres millones de productos falsificados que habría supuesto una pérdida para el sector de 151,9 millones de euros.
Ante esta realidad nace la proposición no de ley (apoyada finalmente en el Pleno de las Cortes) que «tiene el objetivo de aunar esfuerzos para conseguir que la Unión Europea proteja las indicaciones geográficas de productos no alimentarios«, explicaba el diputado de Podemos, David Llorente, quien defendía que dicha figura de protección es «un bien colectivo, intangible, que si no se protege a su vez puede llevar a la pérdida de productos artesanos».
Un debate donde se ponía en valor dicha figura de protección, al tiempo que el PP aprovechaba para recordar la labor desarrollada durante los últimos años por la expresidenta María Dolores de Cospedal para cuidar la artesanía. La diputada «popular» Lola Merino destacaba los pagos que Cospedal tuvo que hacer y que eran las deudas dejadas por el anterior gobierno socialista de José María Barreda. Deudas –decía Merino- que procedían en algunos casos de subvenciones concedidas en 2008.
Merino, pese a asegurar en diversas ocasiones su apoyo a estas indicaciones geográficas, lamentaba «el comportamiento sectario de Page» porque aseguraba que «no colabora con el Ayuntamiento de Albacete porque es del PP», cuando el Consistorio realiza diversas actuaciones en defensa al sector de la cuchillería.
Acusaciones que desde el PSOE e, incluso, la propia consejera de Empleo se apresuraron a responder porque «la propuesta nace del sector y nos sumamos a una iniciativa que pensamos que hay que estar apoyando». De ahí que «todas las alusiones de sectarismo no tienen cabida porque la iniciativa -insistían- parte del sector y el Gobierno se suma a ella».
DEFENSA ANTE BRUSELAS
Lejos del debate de los reproches, se apoyó una propuesta con la que el presidente del Gobierno de Castilla-la Mancha, Emiliano García-Page, irá en junio a Bruselas a defender al sector.
Una iniciativa con la que se protege frente al fraude, a la competencia desleal y que da seguridad al consumidor. La consejera destacaba que sobre todo es proteger al sector frente a las falsificaciones asiáticas y no frente al producto de Estados Unidos. Aclaración que realizaba tras las afirmaciones realizadas por Podemos al relacionar dicha proposición no de ley con el tratado de libre comercio que se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, y que «dejaría fuera a muchos productos con indicación geográfica», recordaba el diputado Llorente.
Tanto el PSOE como el Gobierno animaron al grupo parlamentario Podemos a llevar una propuesta sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP), debate que desde Podemos ya han realizado en la comisión de asuntos generales, pero seguro que habrá ocasión de tratarlo en un futuro no lejano.