El Gobierno de Castilla-La Mancha creará una ley en 2016 para que la administración se entere de los intentos de desahucio antes de que se lleven a cabo, por lo que obligarán a las entidades bancarias y a las grandes inmobiliarias a comunicárselo antes de que los miembros del Ejecutivo se enteren por los medios de comunicación. Así lo ha anunciado hoy el presidente de la región, Emiliano García-Page.
Page habla con la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez; y con la de Fomento, Elena de la Cruz.
El presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que en 2016 su Ejecutivo aprobará una ley social de la vivienda, «potente y provocadora», que entre otros aspectos le concedera a la administración un derecho «para conocer la intención de desahuciar a cualquier familia antes de que el desahucio se produzca, para que no nos enteremos por los periódicos».
O, lo que es lo mismo, «la ley obligará a las entidades bancarias y a las grandes inmobiliarias a comunicar a la administración la intención del desahucio» para establecer, antes de que se produzca, «un mecanismo de intermediación. Lo que queremos es impedir que podamos mirar para otro lado», según ha recalcado Page.
Una ley que, además, permitirá la posibilidad «de gravar fiscalmente a quienes acumulan viviendas y especulan con viviendas vacías. Y no hablo del que tiene dos o tres casas, o del que tiene una en Toledo y otra en la Manga, que cada uno tenga las que quiera; pero sí sabemos que en España hay miles y miles de casas que se acumulan en pocas manos y no se sacan al mercado solamente porque están esperando a que suba el precio mientras hay gente que no tiene vivienda».
Page ha advertido además que no permitirá que se estanque a la gente en barrios en función de su renta, por lo que la ley obligará a que la planificación urbanística contemple la distinta tipologías de viviendas por todos los barrios, «aquí no habrá guetos sociales. Porque así no se arregla el problema, sino que se crea más»