El líder del PSOE de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha considerado «correcto» que se derive a los pacientes a clínicas privadas cuando los hospitales están al 100 por 100 y todas las plantas ocupadas, pero no cuando la mitad de las plantas están cerradas.
García-Page, en declaraciones a una televisión local de Puertollano, se ha referido a la polémica surgida por la derivación de pacientes de la región a clínicas privadas de Madrid para ser operados, algo que el Servicio regional de Salud (Sescam) ha dicho que hacía en mayor medida el anterior Ejecutivo socialista, en un 47 por 100 más de ocasiones.
El secretario general de los socialistas castellanomanchegos ha admitido que se produjeran estas derivaciones, por lo que ha dicho que no hará «fanatismo ni demagogia», pero ha argumentado que ocurrían cuando los hospitales estaban completos.
Ahora, sin embargo, ha añadido, estos casos se producen cuando «la mayoría de los hospitales están al 50 por 100 al haber cerrado plantas enteras y haberse despedido a más de 3.000 personas del sector sanitario».
«Hay que tener descaro», ha afirmado García-Page, quien además ha recordado que cuando el PSOE gobernaba existía una ley que recogía la posibilidad de ser operado en una clínica privada tras no ser atendido en un mes.
A juicio de García-Page, estas derivaciones se producen por la intención del Gobierno de María Dolores de Cospedal de «hacer negocio con la sanidad».
«Son miles las personas que están en lista de espera, aunque lo quieran maquillar o camuflar», ha criticado García-Page.
Por otra parte, se ha referido al anuncio de la presidenta regional, María Dolores de Cospedal, de admitir a los interinos despedidos en agosto de 2012 y ha pedido al Gobierno regional que cumpla la sentencia «al 100 por 100» y que «no dejen a las familias pendientes de una espada de Damocles, de un nuevo recurso amenazándoles en el futuro».
«Que no torturen más a las familias de los interinos que tendrían que estar incorporados desde hace mucho tiempo», ha afirmado García-Page, quien ha denunciado que «Cospedal siga empeñada en recurrir una sentencia que puede costarle más dinero a la Administración y más tortura a los casi 500 afectados».
A su juicio, el Gobierno regional sigue una estrategia «equivocada» porque «al desnutrir la Administración lo único que hace es hacer que la región pase hambre».