Alina Salciuan ha vivido estas 24 horas a contrarreloj. Sobre su vivienda en Guadalajara pesaba una orden de desahucio que se iba a hacer efectiva mañana martes a las 8:30 horas, una sentencia judicial que la habría dejado en la calle junto a su marido y sus dos hijos menores de edad, de 17 y 9 años.
Alina, junto a miembros de la plataforma, ha acudido a una oficina de Guadalajara a negociar su situación.
Después de su último intento fallido de que el juzgado paralizase el desahucio, ha acudido junto a representantes de la plataforma Stop Desahucios a las oficinas de Liberbank para negociar una salida in extremis, una salida que ha encontrado en la propuesta que le ha hecho la entidad de frenar el desahucio durante 20 días y de presentar por parte de la familia una oferta de alquiler social.
La situación de Alina, de nacionalidad rumana, no era ni sigue siendo sencilla. En estos momentos su marido, Cristian, está en paro -en los últimos cuatro años solo ha trabajado durante dos meses- y ella tiene un contrato a media jornada por el que percibe 500 euros. Con estos ingresos, afirma, «no puedo alquilar nada».
Este matrimonio llegó a España en 2004. Como otros tantos rostros de la crisis, su marido tuvo suerte en la construcción y montó una empresa. En 2007 decidieron comprar una vivienda, para lo que solicitaron a Liberbank un préstamo hipotecario de 215.000 euros. Les quedó una letra mensual de 1.200 euros los dos primeros años y de 996 euros a partir de entonces, una letra que no disminuyó a pesar de las bajadas del Euribor ya que firmaron -«sin saberlo», aseguran- una cláusula suelo.
La situación económica cambió y ofreció su peor cara. Cristian se quedó sin su empresa y sin ningún tipo de ingreso. Ella había estado trabajando limpiando casas particulares y tampoco tenía paro. Intentaron salir adelante alquilando un bar. Funcionó durante un tiempo pero pronto comenzaron de nuevo a ir mal las cosas.
«Vimos que no podíamos hacer frente a la letra así que acudimos al banco y la opción que nos dieron fue la de acogernos a una carencia, pagando durante tres años 300 euros y luego volviendo a pagar 1.200. Me negué a ello porque no tenía ninguna seguridad de que en el futuro nos fuese a ir mejor», comentaba Alina, quien añadía que la última propuesta que había hecho a la entidad había sido poder vivir en alquiler en su piso, máxime cuando -según cuenta- solo les queda por pagar 24.000 euros de la hipoteca.
La de mañana era la segunda fecha de alzamiento dictada por el juzgado -la primera fue el 8 de febrero pero no se llevó a efecto porque desconocían que se podían tener un abogado de oficio-.