La Oficina de Intermediación Hipotecaria (OIH) de Toledo ha conseguido sumar el último caso de desahucio paralizado, un desahucio que afectaba a un matrimonio con dos hijos menores a su cargo y que acudió la semana pasada a esta oficina con una fecha de lanzamiento fijada para el martes 16 de febrero a requerimiento de una entidad bancaria. Según informa la Junta en nota de prensa los afectados habían entregado 20.000 euros a cuenta a un promotor que no llegó a formalizar la escritura pública de la vivienda.
La Junta ha ampliado la red de oficinas antidesahucios con 27 ayuntamientos de Guadalajara.
Hasta ahora, de los 457 casos atendidos, un total de 227 han terminado con un expediente abierto en cualquiera de las cuatro líneas de ayuda que ofrecen las OIH. Toledo es la provincia con mayor incidencia, con 139, seguida de Albacete con 115. En Guadalajara, la OIH ha atendido a un total de 60 familias.
La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, -que ha dado a conocer hoy este caso durante la firma de convenios de adhesión de 27 ayuntamientos de Guadalajara a esta red de Oficinas de Intermediación Hipotecaria puesta en marcha por el Gobierno regional- ha señalado que la intervención en esta clase de actuaciones estimula al Ejecutivo de Emiliano García-Page para hacer crecer la red.
Según ha indicado, los ayuntamientos firman sin ninguna contraprestación económica, ya que el coste de mantenimiento de la red de oficinas lo asume íntegramente la Junta de Comunidades, bien a través de su propio personal o de los dos convenios firmados en su día para el funcionamiento de las seis OIH con los colegios de abogados donde están físicamente las oficinas (las cinco capitales de provincia y Talavera) y el Colegio de Trabajo Social de Castilla-La Mancha.
Elena de la Cruz ha aclarado que el papel de los ayuntamientos es «esencial» porque «el tiempo es oro» en los casos de ejecuciones hipotecarias en marcha. «Las oficinas están consiguiendo paralizar lanzamientos en días», por lo que ha destacado la importancia de que «la administración más cercana al ciudadano» canalice los casos de riesgo hacia la correspondiente OIH provincial en cuanto tienen noticias de que una familia está en riesgo de perder su vivienda. Además ha reseñado que los ayuntamientos que se adhieren ponen en ocasiones a disposición de la red sus propios recursos para «sumar, que es lo que quiere el ciudadano, que trabajemos unidos para resolver los problemas de quien lo está pasando mal».
Con estos 27 municipios ya son cerca de un centenar en toda la región los que se han sumado a la red de oficinas de la Junta de Comunidades, a través de la cual se ha atendido a un total de 457 familias y se han conseguido paralizar 11 lanzamientos con fecha fijada por el juzgado.