Médicos del Mundo en Castilla-La Mancha y asociaciones de inmigrantes han pedido a la presidenta María Dolores de Cospedal y al consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, que se comprometan a garantizar el acceso a la sanidad de las personas «sin papeles». Después de que el 1 de septiembre se cumpliese un año de la retirada de las tarjetas sanitarias a las personas inmigrantes en situación irregular, ha tenido lugar en Toledo un acto denuncia en la puerta de la Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales.
Médicos del Mundo, que entrega mensualmente un informe al Sescam y a la Consejería de Sanidad para comunicar las barreras y dificultades de acceso a la salud de la población inmigrante, afirma que «la legislación ha dejado sin cobertura sanitaria normalizada a más de 800.000 residentes en España». En Castilla-La Mancha, la organización humanitaria ha documentado directamente cerca de 100 casos de personas inmigrantes que han sido excluidas del sistema sanitario.
Explica que gran parte de las comunidades autónomas han publicado instrucciones específicas dirigidas a facilitar la atención de personas con enfermedades de declaración obligatoria o personas en situación administrativa irregular sin recursos económicos. Sin embargo, «un año después de la entrada en vigor de la reforma sanitaria, en Castilla-La Mancha sigue sin ser publicada una instrucción de estas características». Desde Médicos del Mundo consideran prioritario un protocolo «que facilite la atención a la población en situación administrativa irregular, especialmente en el caso de enfermedades crónicas, infecciosas y colectivos sin recursos económicos. Este protocolo sería también imprescindible para regular la atención a mujeres embarazadas, menores y casos de urgencias».
La organización sostiene que debido a que la RDL 16/2012 solo garantiza la atención sanitaria a personas en situación irregular en casos de urgencias, menores y embarazadas, quedan desatendidos el resto de casos. «Enfermedades como el cáncer, la diabetes, problemas renales y cardíacos, enfermedades mentales o infecciosas, entre otros trastornos, no tienen atención». Añade que, además, en estos casos las personas deben pagar el 100 por 100 del precio de la medicación que necesitan, «siendo una cantidad muy elevada en la mayoría de las ocasiones». «Tampoco tienen acceso al sistema sanitario las mujeres víctimas de violencia de género en situación administrativa irregular».
Incluso sostiene que, debido a la desinformación entre la población general y el personal administrativo de los centros de salud, se continúan detectando casos de desatención a menores y mujeres embarazadas.
Por todo ello, pide que se garantice la atención a toda la población en situación irregular, especialmente a personas con enfermedades crónicas, infecciosas y colectivos sin recrusos y que se regule también la atención a embarazadas, menores y casos de urgencias.