“Hay evidencias suficientes para afirmar, que si se construye el ATC en los terrenos designados, se estarían poniendo en un riesgo inaceptable a las personas y a la biosfera”. Es una de las conclusiones a las que llega el geólogo Manuel Bello en el estudio encargado por Ecologistas en Acción a la empresa de ingeniería y geológica Ingema.
A la vista de este estudio, que ha sido dado a concoer hoy a través de un comunicado, Ecologistas, la Plataforma cpntra el Cementerio Nuclear en Cuenca y el Movimiento Ibérico Antinuclear consideran demostrado que el Pleno del Consejo de Seguridad Nacional de España conocía los riesgos y que el terreno no era viable cuando decidió aprobar la instalación de un almacén temporal y centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca).
«SE PONÍA EN RIESGO A TODA UNA COMARCA»
Con la decisión tomada en julio de 2015, “a pesar de que los terrenos no eran idóneos, se ponía en riesgo a toda la comarca” afirma Ecologistas.
Además, en su comunicado estas organizaciones acusan al presidente del CSN de no reconocer “la ocultación de la información y las recomendaciones de los técnicos en su comparecencia en el Congreso de los Diputados el 19 de octubre”.
Por todo ello, el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), Ecologistas en Acción y la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, “piden el cese inmediato del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear Fernando Martí Scharfhausen”.
EXPANSIÓN DEL SUELO, DISOLUCIÓN DEL TERRENO Y ELEVADO RIESTO DE CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS
El estudio encargado por Ecologistas en Acción a Ingema y firmado por el geólogo Manuel Bello La Puerta se analizan el informe y otros dos documentos oficiales del CSN, “y se pone de manifiesto los enormes riesgos geológicos de ubicar el ATC en la parcela elegida de Villar de Cañas”
Respecto de estos problemas se citan como los más relevantes “un elevado riesgo de expansión del suelo, aparición de cavidades por la disolución del terreno y un elevado riesgo de contaminación de los acuíferos”.
El análisis exhaustivo de los documentos oficiales lleva al geólogo Manuel Bello a poner de manifieto que “una vez analizados en profundidad los documentos del CSN, tanto los elaborados directamente como el encargado a la empresa URS, se puede concluir, que hay evidencias suficientes para afirmar, que si se construye el ATC en los terrenos designados, se estarían poniendo en un riesgo inaceptable a las personas y a la biosfera”.
En este sentido, los tres colectivos insisten en que el proyecto se debería suspender definitvamente y añaden que “lo más grave es que el Pleno del CSN conocía los riesgos de los terrenos en base a la información de sus propios técnicos y por tanto, dio el visto bueno (excepto una de sus consejeras) a sabiendas de que con su decisión, ponían en enorme riesgo a toda una comarca”.
También culpan al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por no emitir la preceptiva declaración de impacto ambiental al ser los terrenos Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) desde el 12 de octubre.
«EL GOBIERNO PRETENDE SEGUIR ADELANTE CON EL NEGOCIO DEL ATC»
En su opinión, “el mantenimiento de este proyecto se sustenta, sobre todo, en la pretensión del Gobierno de seguir adelante con el negocio del ATC. Enresesa ha adjudicado ya con cargo al ATC más de 70 millones de euros y ha sacado a licitación proyectos, obras y servicios por casi 417 millones de euros, a pesar de no disponer ninguno de los permisos preceptivos”.
Sospechan que algunas de las adjudicaciones podrían y han sido puestas en manos de la Fiscalía Anticorrupción.