La plataforma «Sí a la tierra viva» ha pedido al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, que «deje de engañar a los ciudadanos» con la minería de tierras raras en el Campo de Montiel (Ciudad Real).
El colectivo ha lamentado, en un comunicado, «la incoherencia y falta de fiabilidad» de Page, que hace unos días «se comprometió públicamente a impedir el desarrollo de los proyectos mineros» para preservar el medio ambiente y la sostenibilidad de recursos de la zona y «ahora permite que se dé un plazo de tres meses a la empresa para modificarlos y continuar con su tramitación si cumple con los requisitos impuestos».
«Sí a la tierra viva» considera que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, «deja una puerta abierta a la aprobación del proyecto con la presentación de un documento de alcance que, aunque considera inviable esta actividad minera por constituir una grave amenaza para la biodiversidad, podría favorecer los intereses de la Quantum Minería, la empresa interesada en la explotación de tierras raras».
También ha criticado que se salte el mandato aprobado el pasado mes de mayo por mayoría absoluta en las Cortes regionales, que obligaba al archivo de los expedientes mineros tras los informes negativos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y considerar que condicionaban «el modelo de desarrollo económico, social y ambiental de esta zona».
Por otra parte, la plataforma ha cuestionado a la Administración autonómica por no facilitar ni poner a disposición pública el documento, incumpliendo el punto cuarto de lo acordado en la mencionada resolución de las Cortes, que instaba al Ejecutivo a «garantizar la mayor transparencia poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información y documentación relevante relativa al estado de tramitación de los procedimientos».
Ante esta situación, «Sí a la tierra viva» ha advertido que «redoblará esfuerzos» para conseguir el archivo definitivo de los expedientes y el respeto al mandato que emana de las Cortes regionales y que, a su juicio, «el actual Ejecutivo parece no tener en consideración».