El partido Podemos ha considerado que «la foto» de del presidente regional, Emiliano García-Page, con los colegios oficiales de abogados y de trabajadores sociales para poner en marcha la llamada Oficina Antidesahucios «estará muy bien» pero los ciudadanos víctimas de éstos «no necesitan oficinas, lo que necesitan es un hogar donde vivir».
Así lo han sentenciado este mediodía en rueda de prensa la secretaria regional de Rescate Ciudadano de Podemos, María Díaz, y el miembro del Grupo Ciudadano de Fomento y Vivienda, Mario Magán, quienes han llamado también la atención sobre el hecho de que a esta firma de este acuerdo estuviese invitada también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y, sin embargo, ha rechazado asistir.
Ambos representantes de Podemos han coincidido en que este tipo de acuerdos «en el papel y en la foto» están bien, «pero la gente no necesita oficinas, necesita un hogar donde vivir«.
Y Díaz se ha mostrado convencida de que «se puede ir más allá con medidas de coste cero para la administración, como por ejemplo dejar de trabajar con entidades financieras que siguen desahuciando», ha aseverado.
Por su parte, Magán ha restado efectividad a las oficinas de asistencia, asesoramiento e intermediación hipotecaria que, con el acuerdo firmado hoy, se quieren poner en marcha, porque, por una parte, los abogados «están atados de pies y manos por la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal», ha dicho.
Y, por otra, los trabajadores sociales, para lo único que están facultados es para realizar un informe que retrase el desalojo de una familia de su casa.
En este punto, Magán ha puntualizado que «la única novedad» en esta materia es que da al abogado de oficio el papel de mediador con la entidad bancaria, «pero es un mediador sin medios, sin una herramienta con la que negociar».
Por este motivo, a juicio de este representante de Podemos, el acuerdo firmado hoy «no se hace eco de las reivindicaciones sociales«, porque lo que piden las plataformas de afectados por la hipoteca es «una oficina integral de protección y derecho a la vivienda» y estar presentes en ella.
Sin embargo, «se ha convertido a las plataformas en meros acompañantes que ponen a los afectados en manos de la administración», con lo que, ha argumentado, «si pasamos de la movilización social y de la lucha colectiva a la oficina, estamos pasando del empoderamiento al asistencialismo y dejamos a los afectados sin recursos reales para afrontar su problema».
Al igual que Díaz, el miembro del Grupo Ciudadano de Fomento y Vivienda de Podemos ha propuesto otras medidas como «plantarse ante las oficinas financieras que siguen desahuciando», la elaboración de una ley regional de vivienda dado que el Gobierno tiene competencias para ello y que el derecho a la vivienda esté recogido en el Estatuto de Castilla-La Mancha.