El coordinador regional de IU, Daniel Martínez, ha instado al Gobierno de Cospedal a aprobar medidas contra la pobreza energética, que en Castilla-La Mancha sufren casi 300.000 personas, para que ninguna familia se quede este invierno sin poder calentar su casa. Por su parte, el PSOE de Castilla-la Mancha volverá a presentar en las Cortes regionales una resolución para que se establezca una tarifa social que permita combatir la pobreza energética, una situación que en la región padecen 700.000 personas.
En una rueda de prensa ofrecida en Toledo, Daniel Martínez ha destacado la «preocupación» de Izquierda Unida por el hecho de que Castilla-La Mancha sea una de las comunidades más afectadas por la pobreza energética, que sufren un 35 por ciento de los hogares castellano-manchegos.
Por este motivo, ha instado al Gobierno regional a que reconozca, en primer lugar, esta situación y conceda prioridad a su solución a través de los Presupuestos Regionales y que apruebe medidas como garantizar que no se corte el suministro de energía en ningún pueblo de Castilla-La Mancha para que todas las personas tengan garantizado el suministro básico.
Asimismo ha reclamado de la Junta de Comunidades una nueva regulación del bono social para evitar nuevos casos de pobreza energética, ya que hay miles de personas en la región que «van a tener problemas hasta con el aseo personal», con la llegada del frío.
El dirigente regional de IU ha abogado también por que el Gobierno intervenga en el sector energético para convertirlo en «un sector estratégico desde lo público» de forma que, «ya que las empresas se reparten grandes dividendos», se garantice también el bienestar de todas las familias.
UNA RESOLUCIÓN QUE ESTABLEZCA UNA TARIFA SOCIAL
Por su parte, la portavoz del PSOE en la región, Cristina Maestre, ha asegurado que volverán a presentar en las Cortes regionales una resolución para que se establezca una tarifa social que permita combatir la pobreza energética. En este sentido, ha explicado que en esta resolución se definirá quiénes son los consumidores vulnerables y qué necesidades quedarán cubiertas con esta tarifa social, que deberá estar regulada por el organismo de la competencia y validada por el Consejo de Ministros de forma trimestral.
En concreto, el PSOE propone que se considere consumidores vulnerables a las familias que tienen a todos sus miembros en paro, a quienes perciben las pensiones mínimas y aquellos que tienen una renta inferior al 75 por 100 del salario mínimo interprofesional.
Para ellos, según el PSOE, se debería aprobar una tarifa energética que cubra, sobre todo en otoño e invierno, las necesidades básicas como la climatización de viviendas, la iluminación del hogar, conservación y elaboración de alimentos y calentar el agua para uso sanitario e higiénico.
El objetivo de esta resolución es que ninguna empresa pueda cortar el suministro de energía, como luz o gas, a quienes demuestren que no pueden hacer frente al pago de estos servicios, sobre todo en las estaciones más frías.
Y EL RECHAZO DEL PP
Maestre ha indicado que esta resolución la ha presentado el PSOE en forma de Proposición No de Ley en el Congreso de los Diputados y ha dicho que los socialistas castellanomanchegos la elevarán también a las Cortes regionales, toda vez que ya en años pasados se han presentado textos similares que «siempre han contado con el rechazo del PP, basado en argumentos inconsistentes y que demuestran su nula voluntad de apoyar a las familias».
El concepto pobreza energética hace alusión a la situación de una familia cuando debe destinar el 10 por ciento de su renta anual o más al pago del suministro eléctrico, tal y como ha recordado Maestre, que ha indicado que 275.000 hogares -más de 700.000 personas- de Castilla-La Mancha atraviesan «esta situación difícil, calamitosa».
Ha advertido incluso que se dan casos en que las familias llegan a prescindir de encender la calefacción en invierno o no poder mantener el suministro eléctrico para enchufar el frigorífico, unas situaciones que suponen un «riesgo para las personas».
Por todo ello, ha aseverado que el PSOE volverá a presentar esta iniciativa en las Cortes «con la más absoluta convicción de que las administraciones tienen capacidad de maniobra en este sector, porque querer es poder, otra cosa es que el PP tumbe la propuesta».