El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, ha destacado que el compromiso del Gobierno de Cospedal con la personas con discapacidad «se traduce en el importante aumento de plazas públicas en diferentes centros y servicios en la región durante el primer semestre de 2014».
En total se han incrementado hasta 145 plazas públicas en los diferentes recursos disponibles en la región para personas con discapacidad como son los centros ocupacionales, los servicios de capacitación socio-laboral, los centros de día o las viviendas tuteladas, ha informado la Junta en una nota.
Asimismo, todas las provincias han experimentado este incremento, especialmente las de Toledo y Ciudad Real.
En este sentido, el consejero ha subrayado el «trabajo de planificación de recursos, crecimiento de plazas y prevención y promoción de la autonomía personal de las personas con discapacidad que la Junta está realizando, en colaboración con el sector de la discapacidad».
Una labor que, a juicio de Ignacio Echániz, demuestra que la apuesta está siendo «especialmente significativa» en el ámbito de la atención temprana y en el de la inclusión sociolaboral de las personas con discapacidad, gracias al importante esfuerzo realizado para potenciar el proceso de capacitación con el que se logra aumentar su empleabilidad, tanto en centros como en el propio entorno.
Todos estos principios de inclusión e integración vienen reflejados en el proyecto de Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad, que el Consejo de Gobierno aprobó en su reunión del pasado viernes y que, como ha señalado el consejero, refleja el gran paso dado por el Gobierno castellano-manchego para favorecer el futuro de las personas con discapacidad.
«Esta ley contempla los principios de inclusión e integración de miles de personas con discapacidad, fundamentales para forjarles el mejor futuro posible y garantizarles los mismos derechos y la igualdad de oportunidades», ha asegurado Echániz.
Y ha concluido que, con este texto legislativo, Castilla-La Mancha se sitúa en la vanguardia de la protección jurídica de los derechos de las personas con discapacidad ya que la norma recoge un reconocimiento jurídico expreso de estas personas como titulares de derechos y eleva a la categoría de derecho su participación en la solución de todo lo que les afecta.