Son seis provincias las más afectadas por lo que se ha denominado «la combinación de desempleo e impago hipotecario». A saber: Toledo, Guadalajara, Murcia, León, Zaragoza y Castellón. Es una de las conclusiones a las que se llegó en el I Encuentro sobre Desempleo y Vivienda que organizó, durante la última semana de junio, la Asociación Nacional para la Defensa Efectiva del Trabajador (Andet), cuyo presidente es el castellanomanchego Antonio Valenciano.
En la cita se trató sobre la problemática que tienen nada menos que 900.000 desempleados a nivel nacional y que tienen que hacer frente a sus deudas hipotecarias. Y es precisamente en las provincias citadas, donde destacan dos de nuestra comunidad autónoma, donde «se observan las crueles consecuencias de una crisis que combina alto desempleo con caída del precio de la vivienda y restricción del crédito, con el triste resultadop de una cada vez mayor divergencia entre clases sociales y la creación de una generación perdida que no encuentra futuro en su lugar de nacimiento y cuyos jóvenes se ven obligados a abandonar su lugar de origen».
El propio Valenciano matizó que el actual marco jurídico, «incluso después de las últimas modificaciones en el sentido de abrir la puerta a la dación en pago que ha tenido un impacto simbólico y limitado, otorga al acreedor una protección a costa de colocar de facto a los deudores y a sus familias en situación de precariedad, abriendo la puerta a un grave problema de exclusión social que es difícil revertir una vez que se ha producido».
Y es que nada menos que el 37 por 100 de los desempleados tienen contraída algún tipo de deuda con entidades bancarias. El 18 por 100 de ellos tiene que hacer frente a una hipoteca y dado que sólo el 29 por 100 de los desempleados recibe algún tipo de prestación o subsidio, el 71 por 100 restante carece de ningún tipo de ayuda o renta por parte de las administraciones públicas.
De ahí que, tal y como afirman desde Andet, «es el soporte familiar el que está supliendo la carencia de apoyos públicos a los desempleados y evitando que las hipotecas de una importante proporción de desempleados hayan entrado en impago».