El sindicato UGT ha celebrado la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de suspender cautelarmente el cierre de las urgencias nocturnas en 21 municipios, aunque lamenta que «la rectificación» haya llegado por vía judicial y no a través del consejero José Ignacio Echániz.
La secretaria general de la Federación regional de Servicios Públicos de UGT, Carmen Campoy, ha analizado el auto cautelar dictado por el TSJ, del que ha dicho que supone «un reconocimiento» a la tesis del sindicato al «restituir un derecho universal que se había visto amenazado».
«Desde el pasado 14 de enero que se hizo efectiva la medida del cierre de las urgencias nocturnas, hemos asistido atónitos al espectáculo protagonizado por la Consejería de Sanidad, el Sescam y varios delegados de la Junta de intentar justificar lo injustificable», ha opinado.
Del mismo modo, ha criticado que «no se han mantenido negociaciones de ningún tipo» por parte del Gobierno regional sobre este asunto, pues «no se han contestado a ninguna de las alegaciones presentadas por los alcaldes y no se ha negociado nada con las organizaciones sindicales».
«Únicamente se nos convocó a dos mesas de negociación, en las que sólo hubo información, no negociación, los días 8 y 9 de noviembre, donde en modo alguno se recogieron las aportaciones presentadas por UGT, contrarias a la aplicación de la medida», ha añadido.
De este modo, Campoy ha insistido en que es «un auténtico sinsentido dejar sin asistencia sanitaria de urgencia a muchos núcleos de población y sus vecinos, ofreciéndoles como alternativa un viaje en una ambulancia de soporte vital básico con un conductor y técnico o llamar a un teléfono de teleasistencia».
También ha criticado las afirmaciones del consejero de sanidad, José Ignacio Echániz, quien el miércoles justificó el cierre de las urgencias en que en circunstancias de «restricciones económicas los médicos son, sin ningún género de duda, un recurso escaso y hay que colocarlos donde más vidas salvan».
«Todos los usuarios tienen el mismo derecho a ser atendidos en igualdad de condiciones, ante una urgencia», ha afirmado Campoy, quien ha hecho un llamamiento a los profesionales y usuarios para defender sus derechos y garantizar unas condiciones de trabajo óptimas que garanticen una atención universal, pública y gratuita.