El sindicato UGT ha constituido el nuevo ramo profesional de Agentes Medioambientales con el objetivo de defender de forma más específica a un colectivo que está «tan atacado» y con el fin último de evitar su desaparición, según ha explicado en la presentación su nuevo máximo responsable, Rubén Paz.
En rueda de prensa junto a la secretaria del Sector Autonómico de FSP UGT CLM, Beatriz Tormo, y el portavoz federal adjunto del nuevo sindicato profesional, José Araujo, el nuevo secretario regional de Agentes Medioambientales ha lamentado los continuos ataques que recibe el colectivo con la negativa a admitir que «somos policía judicial, agentes de la autoridad».
En este sentido, Paz ha aclarado que «se nos mezcla como una empresa pública», en referencia a los funcionarios de Geacam, «que no tiene nada que ver con nosotros y se tiende a confundir».
«La situación aquí, en Castilla-La Mancha, es como si a un Guardia Civil que atiende un atraco en una sucursal bancaria no se le permite investigar y tampoco ir, luego, a denunciarlo al juzgado, como es obligatorio», ha puesto de ejemplo.
Además, «se nos quieren meter filtros con la intención de tender a la desaparición. Es un desbarajuste y parece que quiere que funcionemos mal como excusa para decir que no hacemos falta».
En la comparecencia, donde ha detallado como el colectivo ha perdido un centenar de interinos, hasta quedarse con 510 efectivos en la actualidad «cuando teníamos que ser 695 personas», ha mostrado también su contrariedad con el anteproyecto de Ley de Caza y ha confirmado que se han presentado alegaciones ante la Consejería.
Unas alegaciones que rechazan la evidente merma de las numerosas competencias que atiende el colectivo, ha añadido Paz, y que se han presentado a través de Ecologistas en Acción, «ya que no estamos dentro del Consejo Asesor de Medio Ambiente (Cama)».
«El título debería ser ‘Envenene bien y no mire con quién’, porque las modificaciones van a cambiar la madre de todas las leyes de protección de la naturaleza en la región, y es inviable de proteger por lo que pedimos que no salga adelante», ha concluido.
Por su parte, el portavoz de la coordinadora estatal de Agentes Medioambientales de UGT ha resaltado la importancia del colectivo, que aglutina a más de 6.000 funcionarios, y ha incidido en que la gran amenaza es la legislación que «pretende desmantelar nuestras funciones» como policía judicial.
Ha añadido los problemas de material, con un parque móvil viejo, y los humanos, al no haber tasa de reposición -diez años sin convocar oposiciones en España y seis en Castilla-La Mancha-, con el consiguiente envejecimiento -la media de edad en Madrid es de 50 años-, más los recortes laborales y salariales, hasta el punto, ha precisado, de perder más de un 20 por ciento de sus sueldos.
Por último, Araujo ha explicado que hoy se ha presentado en la Mesa del Congreso una proposición no de ley (PNL) que ha elaborado el PSOE en la que «nos garantiza el seguir con el estatus jurídico, de ser policía judicial, o no pasar un filtro para presentar las denuncias en el juzgado, entrar en el servicio de emergencias 112 igual que el resto de personal funcionario y que se de nos de cobertura e iguale con los otros colectivos», ha apuntado.
Se ha congratulado de que «un partido mayoritario haya decidido presentar una PNL que incluye nuestras peticiones para realizar bien nuestro trabajo y tener más potestades para cumplir la normativa que ellos nos imponen, y que no nos dejan hacer», ha zanjado.