El abogado especializado en memoria histórica y derechos humanos Eduardo Ranz ha presentado hoy una denuncia contra 15 obispos y arzobispos, entre ellos los de Cuenca, José María Yanguas, y Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez, por mantener elementos de simbología franquista.
El pasado mes de febrero, Eduardo Ranz denunció a 38 alcaldes por incumplir la ley de memoria histórica y mantener símbolos franquistas, lo que a su juicio constituye un delito de desobediencia que podría acarrear a regidores como Ana Botella y Xavier Trías una pena de inhabilitación de hasta dos años.
En esta ocasión, Ranz ha acudido a los juzgados de plaza de Castilla para denunciar a obispos y arzobispados de Madrid, Córdoba, Segovia, Cuenca, Mérida-Badajoz, Coria-Cáceres, Badajoz, Almería, Cartagena, Valencia, Orihuela-Alicante, Sevilla, Sigüenza-Guadalajara, Zaragoza y Oviedo.
Además, ha presentado alegaciones ante las diócesis afectadas para pedir la salida de los cuerpos de Queipo de Llano de La Macarena (Sevilla) y de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos.
Según Ranz, el canon 1242 del Código de Derecho Canónico establece textualmente que «no deben enterrarse cadáveres en las iglesias, a no ser que se trate del Romano Pontífice o de sepultar en su propia iglesia a los Cardenales o a los Obispos diocesanos, incluso eméritos».
Además, ha expuesto a las diócesis que si no resuelven estas circunstancias acudirá directamente al Vaticano por el incumplimiento, a su juicio, de los preceptos de la doctrina canónica.
Según Ranz, la pena a la que podrían exponerse los prelados va de 1 a 3 años de prisión.