En lo que llevamos de verano, Guadalajara está siendo la provincia de Castilla-La Mancha más afectada por los incendios forestales. Especialmente significativos han sido los de Tórtola de Henares, con 750 hectáreas quemadas, y Valdepeñas-Tortuero, con 1.034. Ambos, al sobrepasar las 500 hectáreas, llegaron a tener la denominación de «grandes incendios».
En relación al de Valdepeñas-Tortuero, un informe sobre la situación y evolución de la campaña de incendios 2013 elaborado por la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (Apam CLM) apunta a que la envergadura del mismo hizo que grandes áreas de la provincia de Cuenca y Guadalajara (en la parte no afectada por el fuego) se quedasen «durante muchas horas desprovistas de medios de extinción, con el riesgo que esto comporta». Pone un ejemplo y es que «durante horas Cuenca se quedó sin medios aéreos».
Desde este colectivo explican que la administración, en lugar de activar a los agentes medioambientales en funciones de guardia de reserva, lo que hizo fue «ampliar sin previo aviso el área de trabajo a agentes medioambientales de zonas limítrofes», con lo que «ha habido días con agentes al cargo del doble del territorio asignado en un día normal de guardia». El objetivo de este proceder, indica el informe, es «ahorrarse el precio de la guardia».
No es el único incidente apreciado por la asociación en el incendio de Valdepeñas-Tortuero ya que sostiene que los agentes medioambientales de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales «fueron presionados por la Secretaría Provincial para que no elevaran diligencias de investigación a la Fiscalía o Juzgado de Guardia, lo cual es su obligación». «De esta manera se pretendía coaccionar el trabajo de estos agentes y obstaculizar su labor como miembros de la Policía Judicial».
En el informe se señala otra consecuencia de los recortes en relación al incendio de Valdeconchas, también en Guadalajara, que afectó a 500 hectáreas. En él se dice que en el momento en el que se produjo el fuego (en torno a las 11:30 horas) no había agente medioambiental jefe de zona para dirigir las labores de extinción (entraba a las 14:00 horas) por lo que «hubo que movilizarlo» y durante los primeros instantes del incendio «se actuó sin director de extinción».
Del mismo modo, el texto da cuenta del incendio de Ayora (Valencia) a raíz del cual hubo críticas de los bomberos de Ayora y Almansa, asociaciones de profesionales y vecinos hacia el Gobierno regional. Así, mientras los primeros señalaron que el fuego pudo haberse extinguido rápidamente de haberse permitido la pronta actuación de los efectivos de Almansa, la Junta defendía su proceder indicando que ofreció en tres ocasiones sus medios de extinción a la Comunidad Valenciana. Así, el informe de Apam CLM afirma que, «aunque el fuego ocurrió en territorio valenciano, el retén de Almansa tenía posibilidad de acceder al mismo con mucha más rapidez y poder sofocarlo en un ataque temprano, pero sorprendentemente el retén recibió la orden de no actuar por parte del Centro de Operaciones Provincial de Albacete, de manera que se pasaron 45 minutos contemplando cómo ardía un rastrojo. Incluso les fue ordenado volver a base». Añade que «posteriormente el retén de Almansa tuvo que ser movilizado ya por la noche para acudir a sofocar el flanco izquierdo del incendio ya que los medios valencianos necesitaron su apoyo para sofocar lo que se había convertido en un gran incendio forestal».
La conclusión que hace la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha es que la intención de ahorrar el trabajo del retén de Almansa resultó ser una decisión mucho más cara. Precisa además que en la zona de Almansa existía una patrulla móvil que se ha suprimido este año y que podría haber actuado aún más rápido.
En este incendio se quemaron 640 hectáreas y la posible causa fue una cosechadora. Entre Castilla-La Mancha y las comunidades limítrofes existe un convenio de colaboración por el cual los efectivos pueden acceder en cinco kilómetros en otra región para sofocar un fuego sin necesidad de pedir autorización. Desde el colectivo profesional de agentes medioambientales se aboga por la desaparición de este tipo de convenios y que los efectivos más cercanos, sean de la comunidad que sean, se ocupen de las labores de extinción ya que consideran demasiado habitual esperar a recibir una llamada de autorización mientras ven cómo avanza un incendio.