Un magistrado de Talavera de la Reina ha presentado una denuncia contra el servicio de inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por un presunto delito de prevaricación, después de que registrara su despacho sin autorización mientras él celebraba audiencia pública.
Según la denuncia presentada por Fernando Presencia, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Talavera de la Reina, a la que ha tenido acceso Efe, la visita de inspección realizada del 18 al 20 de febrero de 2014 no le fue notificada oficialmente y tuvo conocimiento de ella cuando se «topó» en los pasillos del Juzgado con los miembros de la unidad inspectora.
En concreto, la denuncia -presentada este pasado mes de enero- afecta a una inspectora y a una letrada, ambas pertenecientes a la Unidad Inspectora Tercera del Servicio de Inspección del CGPJ, así como a la entonces secretaria judicial del Juzgado.
El magistrado no ha tenido conocimiento de los informes que hubiera podido elaborar la secretaria del Juzgado porque no se le dio traslado de los mismos, a pesar de las referencias que se hace a dichos informes en el acta de inspección.
Pero «lo más grave de todo lo ocurrido», según la denuncia, fue que sin el conocimiento y autorización del magistrado, y aprovechando que estaba celebrando audiencia pública en la sala de vistas, la unidad de inspección ordenó a un funcionario que abriera la puerta de su despacho, que se encontraba cerrada con llave, «bajo amenaza de sanción».
«En una actuación cuasi policial y como si se tratara de una peculiar entrada y registro, pero sin estar yo presente, abrieron y registraron todos los armarios y cajones y retiraron todos los documentos y papeles públicos o privados que había sobre las baldas, cajones o incluso mi mesa», según especifica la denuncia.
En este sentido, el magistrado ha explicado a Efe que anteriormente el servicio de inspección instruía los expedientes y decidía hasta que el legislador se hizo eco de los «abusos» que se estaban cometiendo y se reformó la Ley.
Esta modificación de la ley, aprobada en 2013, supuso que el procedimiento disciplinario dejara de ser «sustancialmente inquisitivo», es decir, que no debe ser un mismo órgano el que decida la incoación del procedimiento, designe al instructor y finalmente sancione o no, como ocurría hasta ahora.
Fue pocos meses después de la mencionada reforma de la Ley cuando el Servicio de Inspección del CGPJ llevó a cabo el registro al que se refiere la denuncia, con lo que siguió «actuando de la misma manera, cosa que ya no se podía hacer».
El magistrado lamenta esta forma de proceder que, en su opinión, «no se acomoda a los principios constitucionales y a la reforma de la Ley».
La denuncia ha sido admitida a trámite por el Juzgado Mixto de Talavera de la Reina número 5.