El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado el visto bueno a la realización de un proyecto piloto del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que tiene el objetivo de desarrollar itinerarios de inclusión para personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, de exclusión social o en riesgo de estarlo.
La consejera de Igualdad y portavoz del Ejecutivo regional, Blanca Fernández, en la rueda de prensa para informar de los acuerdos del Consejo de Gobierno, ha explicado que se trata de un proyecto piloto conveniado con el ministerio para ayudar a la gente a salir de la pobreza y que se ha denominado «Construir para volver a ser».
42 profesionales guiarán las actuaciones
Para su puesta en marcha, el Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 2,8 millones de euros para la contratación de 42 profesionales de servicios sociales que se encargarán de desarrollar este proyecto de inclusión social en el que se va a trabajar con personas que reciben el ingreso mínimo vital – hay 15.000 en la región- o que tengan un diagnóstico de exclusión social por parte de los servicios sociales o con jóvenes que acaben de salir del sistema de tutela de la Junta.
El programa se va a llevar a cabo en 15 zonas de la región, tres en cada provincia, en las que se verán representadas todas las zonas que componen la región (rurales urbanas y periurbanas) con la participación de 2.000 personas, aunque solo 1.000 de ellas serán tuteladas.
Se compararán dos grupos
La evaluación del impacto del proyecto se realizará asignando de forma aleatoria a las personas participantes en dos grupos: 1.000 personas participarán en un ‘grupo de tratamiento’ y se les realizará un itinerario personalizado de inclusión social que estará relacionado con cuestiones como la formación, la rehabilitación de conductas, la educación, o el empleo; y otras 1.000 estarán en un ‘grupo de control’, es decir, personas con las que se viene trabajando de la manera habitual para ver las diferencias entre uno y otro modelo.
El objetivo es conocer qué ocurre, ya que, tal como ha indicado Blanca Fernández, “la pobreza no se erradica solamente con prestaciones económicas, ni siquiera con empleo, que es aún mucho mejor que una prestación económica. La pobreza y la exclusión social también hay que trabajarlas desde el punto de vista emocional, social y cultural”.
El proyecto se enmarca en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia que contempla la implantación de un nuevo modelo de inclusión, a partir del ingreso mínimo vital, que reduzca la desigualdad de la renta y las tasas de pobreza extrema y moderada.
En las próximas semanas, ha explicado la consejera, se aprobará en el Consejo de Gobierno un segundo bloque de contrataciones de 15 orientadores laborales para las oficinas Emplea, por importe de 1,2 millones.
También se financiará la formación de las personas beneficiarias, sus gastos de desplazamiento, porque se trata de intervenir en la cercanía, y los costes que tengan cuando necesiten algún apoyo para cuidados de hijos o de familiares dependientes ya que el objetivo es que no tengan ningún obstáculo a la hora de desarrollar su itinerario.
La consejera portavoz ha recordado que desde 2017 el Ejecutivo regional viene desarrollando la Estrategia contra la Pobreza y la Desigualdad Social con la que se ha conseguido reducir la pobreza material severa en la región del 7,6 al 3,1 por ciento.