Por primera vez en Castilla-La Mancha un proyecto busca reunir en una misma plataforma los datos de los represaliados de la dictadura. Nombres, edad, profesión, estado civil, lugar de nacimiento, afiliación política, cargo público, condena o lugar de ejecución son algunos de los 22 campos con los que serán identificadas estas personas en la web victimasdeladictadura.es.
La iniciativa ha surgido de un grupo de profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha coordinados por Manuel Ortiz, quien precisaba que el equipo de trabajo –compuesto por 10 docentes, siete colaboradores y cinco próximas contrataciones de investigadores- ya tiene registrados 10.000 casos de fallecimientos en la región, ya sea de fusilamientos o de muertes ocurridas en las prisiones. También han contabilizado que cerca de 10.000 personas en cada provincia fueron juzgados por los tribunales militares.
Toda esta información procede, sobre todo, de los archivos militares y de los registros civiles, pero también de la colaboración ciudadana y de asociaciones. Así por ejemplo, los datos de las víctimas de Cuenca y Guadalajara están siendo aportados por colectivos de recuperación de la memoria histórica de ambas provincias. Del mismo modo ha sido significativa la ayuda de la asociación de víctimas de la represión de Ocaña (Toledo) al ofrecer datos de más de 5.000 personas que estuvieron en esta cárcel.
Durante las investigaciones ha pasado por sus manos documentación de gran valor histórico y que pone de relieve la dureza de esta etapa del país. «La realidad supera la ficción», indicaba Manuel Ruiz. La represión –asegura- se dio en todos los niveles, «desde los políticos más conocidos de la II República que fueron juzgados y fusilados, hasta los ciudadanos más anónimos que por el mero hecho de ser simpatizantes de un determinado partido o miembros de una colectividad fueron sancionados».
Especializado en las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, este profesor de la UCLM apunta que 4.000 maestros de Castilla-La Mancha tuvieron que someterse a procesos de depuración franquista y acreditar que no tenían relación con la República. De ellos, 1.000 finalmente fueron sancionados y expulsados de la profesión, lo cual llegó a suponer el cierre de escuelas en la región, con el consiguiente perjuicio para una sociedad con grandes índices de analfabetismo.
«La gente escucha la palabra represión y se le viene a la cabeza los fusilamientos, pero la represión iba desde las ejecuciones hasta aquellos actos en los que a una mujer se le cortaba el pelo en mitad de la plaza del pueblo». Cuenta el caso de maestras que dejaron de ejercer por no ser religiosas, por vestir de forma indecorosa para el régimen o por ir acompañadas de hombres. «La represión tenía mucha importancia».