El cierre de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV), el primero que se produce en España en una cadena regional, ha puesto de relieve la situación que atraviesan las cadenas autonómicas, que nacieron en 1983 como un servicio público y que están presentes en 13 comunidades.
En España existe un único operador de televisión pública de titularidad del Estado -Corporación de Radio Televisión Española (Crtve)- y 13 operadores públicos de cobertura regional, cuya titularidad ostentan los gobiernos autonómicos de Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia.
Navarra, Castilla y León, Cantabria y La Rioja son las cuatro únicas comunidades que no han desarrollado su propia televisión.
Las cadenas autonómicas nacieron al amparo de la Ley del Tercer Canal (46/1983) y su desarrollo es muy diverso: algunas explotan varios canales mientras que otras tienen una única cadena; y en las comunidades en las que hay una lengua cooficial, emiten gran parte o todos sus contenidos en dichas lenguas.
Su modelo de financiación se basa en un sistema mixto que aúna inversión pública -subvención por función de servicio público otorgada por los gobiernos autonómicos y consignada en los Presupuestos Generales de cada autonomía- e ingresos publicitarios privados.
Un estudio de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (Uteca) indica que en los últimos años los ingresos de estas cadenas «se han visto especialmente mermados por efecto de la fragmentación de la audiencia, debida a la aparición de nuevos operadores impulsados por la transición a la TDT», lo que se une a los efectos de las crisis, que afecta en gran parte a la inversión publicitaria.
La ley 46/1983 fija que los canales autonómicos deben cumplir unos requisitos: objetividad, veracidad e imparcialidad de las noticias; separar información y opinión; respetar el pluralismo político, religioso, social, cultural y lingüístico, así como las libertades y derechos recogidos en la Constitución, y proteger a jóvenes y niños.
En 1989 se creó la Forta (Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos) que en la actualidad engloba a todos los operadores públicos regionales, a excepción del de Extremadura, y que, entre otras, tiene como funciones la compra de contenidos conjunta y la comercialización de publicidad nacional.
Según datos recabados por EFE, estos son los presupuestos de los canales autonómicos para 2013 y las subvenciones aportadas por los gobiernos regionales:
ANDALUCÍA, UN PRESUPUESTO DE 165 MILLONES
La Radio Televisión de Andalucía (RTVA) posee dos canales de televisión (Canal Sur y Canal Sur 2) y también emite una señal por satélite (Andalucía Televisión), además de contar con Radio Andalucía Información y Canal Fiesta Radio.
El presupuesto de RTVA para este año es de 165 millones de euros, de los que la Junta de Andalucía aporta 138 millones.
ARAGÓN, UN PRESUPUESTO DE 47,1 MILLONES
La Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV) tiene el canal Aragón TV, que comenzó sus emisiones en abril de 2006 y lidera las audiencias de las autonómicas. También posee Aragón Radio.
El presupuesto de la CARTV en este ejercicio es de 47,1 millones de euros y la aportación del Gobierno regional es de 42,4 millones.
ASTURIAS, UN PRESUPUESTO DE 23 MILLONES
El Ente Público de Comunicación del Principado de Asturias (RTPA) emite a través del canal de televisión TPA y en digital también ofrece el TPA2, y cuenta además con una emisora de radio (RPA).
El presupuesto estimado de RTPA para 2013 es de 23 millones de euros y el Principado de Asturias destina 20 millones.
BALEARES, UN PRESUPUESTO DE 31 MILLONES
El Ens Public de Radiotelevisió de les Illes Balears (IB3) tiene un cadena de televisión y una emisora de radio (IB3 Televisió e IB3 Ràdio).
En 2013, IB3 ha manejado 31 millones de euros de presupuesto, de los que el Govern balear ha aportado 30 millones.
CANARIAS, UN PRESUPUESTO DE 38,6 MILLONES
La Radiotelevisión Canaria (RTVC) posee el canal Televisión Canaria -el año pasado cerró un segundo canal por recortes presupuestarios- y la emisora Canarias Radio La Autonómica.
El presupuesto de funcionamiento del ente público canario para 2013 asciende a 38,6 millones de euros y el Gobierno insular destina 33,3 millones.
CASTILLA-LA MANCHA, UN PRESUPUESTO DE 38,2 MILLONES
El Ente Público Radiotelevisión de Castilla La Mancha (RTVCM) emite a través de su cadena Castilla-La Mancha Televisión y de la emisora Radio Castilla-La Mancha. La segunda cadena, Castilla-La Mancha Televisión 2, cerró en diciembre de 2011.
Su presupuesto de explotación para 2013 ha sido de 44,2 millones de euros, de los que la Junta ha aportado 39 millones. El presupuesto aprobado para 2014 es de 36 millones de euros, si bien la partida que aparece en los presupuestos de la Junta es de 38,2 millones.
CATALUÑA, UN PRESUPUESTO DE 295,9 MILLONES
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) fue de las primeras que comenzó a operar en 1983. La Televisió de Catalunya es la encargada de la oferta televisiva y cuenta con ocho canales: TV3, Canal 3/24, Súper 3, Canal 33, Canal 300, Esport 3, TV3Cat y TV3 HD. También posee Catalunya Radio, Catalunya Informació y Catalunya Música.
El presupuesto previsto para este año es de 295,9 millones de euros y la subvención pública asignada por la Generalitat es de 225 millones.
EXTREMADURA, UN PRESUPUESTO DE 25,3 MILLONES
La Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (CEXMA) aglutina Canal Extremadura Televisión y Canal Extremadura Radio.
Sus cuentas de 2013 estiman un presupuesto de 25,3 millones de euros y la Junta de Extremadura ha destinado 24,8 millones.
GALICIA, UN PRESUPUESTO DE 103,8 MILLONES
La Compañía de Radio Televisión de Galicia (CRTVG) cuenta con la Televisión de Galicia, G2, GTV América y GTV Europa, así como con la Radio Galega y Radio Galega Música.
El presupuesto total de la CRTVG asciende a 103,8 millones de euros este año, de los que la Xunta ha consignado 94 millones.
MADRID, UN PRESUPUESTO DE 84,5 MILLONES
El Ente Público Radiotelevisión Madrid (EPRTM) tiene un primer canal (Telemadrid), la segunda cadena (La Otra) y completa la oferta su canal por satélite (Telemadrid Sat) y emisora de radio Onda Madrid.
En 2013, su presupuesto ha sido de 84,51 millones de euros y el Gobierno regional ha aportado 70,97 millones. Tras reducir la asignación presupuestaria se llevó a cabo un Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 829 trabajadores de una plantilla de 1.170 personas, unos despidos que se hicieron efectivos el pasado enero.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictaminó en abril que el ERE de Telemadrid no se ajustaba a derecho y obligó a la empresa a elevar la cuantía de las indemnizaciones a 45 días trabajados o readmitir a los trabajadores.
MURCIA, UN PRESUPUESTO DE 7,8 MILLONES
La Radiotelevisión de la Región de Murcia (RTRM) cuenta con el canal de televisión 7 Región de Murcia y la emisora de radio Onda Regional de Murcia.
El presupuesto de explotación para 2013 prevé un gasto de 7,8 millones de euros, de los que el gobierno regional aporta 7,5.
PAÍS VASCO, UN PRESUPUESTO DE 121 MILLONES
Euskal Irrati Telebista (EiTB) está compuesta por las cadenas de televisión ETB1, ETB2, ETB3, ETB Sat/Euskadi TV y Canal Vasco; y las emisoras de radio Euskadi Irratia, Radio Euskadi, Radio Vitoria, Euskadi Gaztea y Eitb Musika.
El proyecto de presupuestos del ente público vasco para 2013 prevé unos gastos e ingresos de 121 millones, de los que 105 se cubrirán con las subvenciones públicas del Gobierno Vasco.
VALENCIA, UN PRESUPUESTO DE 78 MILLONES
La Radiotelevisión Valenciana (RTVV) gestiona los canales de televisión Canal 9, Canal Nou Dos, Canal Nou 24 y Canal Nou Internacional y las emisoras Radio nou y Si Radio.
Su presupuesto para este año era de 78 millones de euros, de los que 68 corresponden a la subvención que aporta la Generalitat por compensación para la prestación del servicio público.
El Gobierno valenciano anunció ayer su cierre tras haberse conocido el fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana que declara nulo el expediente de regulación de empleo que afectaba a más de un millar de los 1.800 trabajadores con que contaba una empresa pública con más de mil millones de euros de deuda.