El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica una orden conjunta de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas y de la Consejería de Fomento por la que se apureba una instrucción sobre el «uso aceptable» de los medios tecnológicos de la Administración regional y que tiene por objeto regular la utilización de los medios tecnológicos de información y comunicación por parte de los empleados públicos bajo las premisas de la «eficacia, eficiencia y economía; el uso adecuado y controlado de los recursos; y el respeto a los derechos constitucionales a la intimidad e inviolabilidad de las comunicaciones».
Esta orden se produce después de que el PP, a su llegada a la Junta, denunciase con nombres de altos cargos incluidos que se habían borrado ficheros en los ordenadores e incluso logotipos y cabeceras y que algunos ex responsables no habían devuelto teléfonos móviles de la administración.
En ella se recoge que todos los equipos informáticos, ordenadores personales y portátiles, así como impresoras, fotocopiadoras, teléfonos y demás dispositivos físicos del entorno informático y de comunicaciones son de propiedad de la administración y que en el puesto de trabajo todo empleado dispondrá de un usuario y una contraseña y se guardará bajo llave los documentos y soportes que contengan información sensible o confidencial cuando no se estén utilizando.
Los equipos portátiles tendrán el mismo tratamiento que los ordenadores de mesa y en ellos no se recomienda almacenar información sensible o confidencial.
Otras regulaciones tienen que ver con las impresoras, fotocopiadoras, escáneres y fax pues se dice que se utilizarán cuando exista una necesidad real; «se retirará sin retraso injustificado la información de los dispositivos; y la realización de impresiones se realizará a doble cara, en blanco y negro, en papel reciclado y evitando realizar copias de documentación sensible».
Se restringuirá igualmente el uso del teléfono para llamadas internacionales y, en el caso concreto de los móviles, aquellos que dispongan de uno se les clasificará según perfiles de uso y tendrán dado de alta un servicio de aviso de consumo mensual.
En cuanto a internet, una herramienta cuyo uso ya tienen restringido los empleados públicos, también se creará para cada uno un perfil de acceso. Se consideran prácticas no aceptables en relación con el uso del correo electrónico: «La distribución de mensajes con contenidos no apropiados; la difusión de contenido ilegal; y el envío de correo electrónico que comprometa la reputación de la Administración a foros de discusión, listas de distribución y/o newsgroups», entre otros.