Ignacio Echániz, consejero de Sanidad y Asuntos Sociales.
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado hoy por unanimidad la ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una norma novedosa que vendrá a proteger jurídicamente los derechos de las 130.000 personas con discapacidad y compromete el 1 % del PIB para esta materia en 2020.
Los 46 diputados presentes en la cámara autonómica han votado a favor de esta ley, que ha sido valorada por la presidenta autonómica, María Dolores de Cospedal, como una norma que sitúa a la región «a la vanguardia» en la defensa de las personas con discapacidad.
El acuerdo ha sido posible gracias a la enmienda transaccional que ha presentado la presidenta autonómica «in voce» durante su intervención en el pleno, al proponer que el 1 % del Producto Interior Bruto se destine a políticas en favor de las personas con discapacidad, sus familias y entidades, y para realizar el cálculo se excluirán las aportaciones del Estado para la financiación de sus competencias exclusivas.
Asimismo, se concreta que dicho porcentaje deberá ser efectivo en 2020 y se ajustará a lo previsto en la normativa vigente sobre estabilidad presupuestaria.
El PSOE había condicionado su apoyo a la norma a que se incluyera en la ley este compromiso económico, por lo que una vez realizada la propuesta y, tras un receso de diez minutos para estudiar la enmienda, los socialistas han mostrado su respaldo a la norma.
El consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, ha destacado que, con la ley aprobada hoy «se pasa del reconocimiento jurídico expreso de los derechos de las personas con discapacidad a un reconocimiento efectivo, real, patente y comprobable de los mismos».
COSPEDAL: «HOY ES UN DÍA HISTÓRICO, CLM SE COLOCA A LA VANGUARDIA EN LA DEFENSA DE ESTE COLECTIVO»
La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, ha resaltado que con la aprobación de la ley de Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad la comunidad se coloca «a la vanguardia en la defensa» de este colectivo, por lo que ha asegurado que «hoy es un día histórico».
Cospedal se ha pronunciado así durante su intervención en las Cortes de Castilla-La Mancha, donde ha pedido el consenso de los dos grupos parlamentarios para aprobar la ley y ha ofrecido al PSOE una enmienda transaccional a una de las presentadas por este grupo para conseguir la unanimidad.
Teniendo en cuenta la petición socialista, la presidenta regional ha propuesto destinar a políticas en favor de las personas con discapacidad, familias y entidades que los representan el uno por ciento del PIB de Castilla-La Mancha, para cuyo cálculo se excluirán las aportaciones del Estado.
Este porcentaje, que atenderá a la normativa sobre estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, será efectivo en el año 2020, si bien Cospedal ha manifestado su deseo de que esta medida pueda adelantarse una vez que mejore la situación económica.
Cospedal ha agradecido al grupo parlamentario socialista «su cambio de enfoque» y el apoyo a esta normativa, más allá de los «insultos».
«Vamos a tener una gran ley, estoy muy orgullosa de que estas Cortes aprueben por unanimidad una ley tan trascendental», ha afirmado la presidenta autonómica, quien ha felicitado al PP, al PSOE y al sector de la discapacidad por el acuerdo alcanzado.
Para la presidenta regional, la aprobación de esta ley es «motivo de orgullo» para la sociedad de Castilla-La Mancha y para todo el movimiento asociativo de la discapacidad.
«Es una importantísima iniciativa legislativa que hace que Castilla-La Mancha se ponga a la vanguardia en la defensa explícita de los derechos de las personas con alguna discapacidad», ha aseverado.
Cospedal, que ha agradecido la presencia en la tribuna de invitados de representantes del sector de la discapacidad, ha explicado que el resultado de la ley no solo es fruto del compromiso del Gobierno regional, sino «sobre todo del diálogo constante que ha mantenido» el Ejecutivo castellanomanchego con este colectivo.
Cospedal ha recordado que «cualquiera, en cualquier momento» de su vida puede tener una discapacidad de cualquier tipo y ha destacado la importancia de proteger a este sector.
Para Cospedal, esta ley tiene «una enorme trascendencia política» y «supone estar a la vanguardia de todas leyes en el ámbito nacional y autonómico de España y del entorno de países integrados en la OCDE».
Con ello, ha dado las gracias a las entidades asociativas representativas, muchas de ellas integradas en el Cermi, por «su trayectoria, por su prestigio bien ganado, por su lealtad institucional, por haber sabido dar ejemplo por encima de otros en estos momentos tan complicados y por tener tanta grandeza».