Tras una reunión mantenida con representantes de la región de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, UPyD de Castilla-La Mancha ha expresado su total solidaridad con los mismos y apoyo a sus reivindicaciones.
Según explica en nota de prensa el partido, «estamos a favor de la elaboración de un Registro Nacional de casos que recoja asimismo los resultados de los tratamientos aplicados». Para UPyD, «es necesario también un cribado o diagnóstico precoz desde Atención Primaria de las poblaciones en riesgo, prioritarias inicialmente, como son transfundidos con sangre antes de 1990, pacientes expuestos a infección por virus de la hepatitis C en hospitales, convivientes con enfermos con hepatitis C crónica, pacientes coinfectados por virus de la hepatitis B y tuberculosis, entre otros».
La formación magenta en Castilla-La Mancha también apoya que las recomendaciones de tratamiento del Plan Nacional sean de obligado cumplimiento siempre que un médico bajo su criterio recomiende la prescripción de los nuevos fármacos de acción directa para un paciente. «Es decir, que no existan trabas para la prescripción de fármacos siempre que sean prescritos por un hepatólogo siguiendo las recomendaciones, y, además, que la dispensación sea rápida, en el máximo de tres semanas. Si es preciso, que las solicitudes no tengan que pasar por comités evaluadoras innecesarios», añade el grupo de expertos en Sanidad del Consejo Territorial de UPyD.
«Confiamos fírmemente que el Consejo Interterritorial de las diferentes Comunidades Autónomas tome las medidas oportunas para garantizar la equidad de acceso en todo el territorio nacional. Dado que es previsible que, debido el alto coste de los fármacos, se pongan frenos desde los distintos centros sanitarios, también estamos a favor de la creación de un Fondo Nacional de financiación específico para estos tratamientos».
En este sentido, apunta que, desde distintos estamentos, se ha hecho llegar a UPyD información de la presión que parte del colectivo médico está recibiendo a la hora de prescribir estos medicamentos. «Cuando lo que está en juego son vidas humanas, estas actitudes por parte de ciertos sectores de la administración hacia los facultativos son inadmisibles».